La nueva Consejería de Igualdad revisará la Red Integral de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de Extremadura para reorganizar sus recursos y estructura y reforzar la coordinación entre las entidades involucradas en ente ámbito. «Tras diez años de la aprobación de la ley, es el momento de revisar la coordinación entre los distintos recursos que tenemos puestos en marcha», afirmó ayer la titular de este departamento, Isabel Gil Rosiña, en la Asamblea de Extremadura.
En una comparecencia a petición propia ante la Comisión de Igualdad para exponer las líneas generales de su departamento, abogó además por prestar «especial atención» a la unificación de los protocolos de actuación y a la definición de otros nuevos en áreas como la sanidad, la política social y la educación.
Lo hizo tendiendo la mano al resto de grupos parlamentarios para sacar la violencia machista del debate partidista aunque, aclaró, tampoco va a permitir un uso «interesado» por parte de quienes ponen en cuestión la existencia de la violencia de género.
En este ámbito, avanzó que el próximo año se iniciará el proceso participativo para la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Igualdad y que se recuperará el equipo de coordinación de las oficinas de igualdad que hay repartidas por el territorio de la región. Una revisión de los decretos de ayudas a las víctimas, en la que «estamos inmersos», y acciones dirigidas a las mujeres con discapacidad y con los medios de comunicación son otras de las próximas actuaciones que se pondrán en marcha.
En el ámbito de las políticas LGTBI, adscritas a esta consejería, Gil Rosiña se comprometió a desarrollar «en su integridad» la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trasnsexuales, Transgéneros e Intersexuales, aprobada en 2015, y a poner en marcha el I Plan Integral de Diversidad de Extremadura.
Y en materia de Juventud, apostó por facilitar el acceso al empleo y la vivienda, con un plan de paro estructural y programas de formación y trabajo en alternancia para jóvenes en oficios tradicionales.
Actuaciones para favorecer la emancipación, con medidas para facilitar el acceso a la vivienda y otorgando preferencia a los jóvenes en riesgo de exclusión social, fueron otras de las acciones mencionadas por la consejera, además del inicio del periodo de consultas para la elaboración del Plan de Juventud 2021-2024.
A ellas sumó el compromiso del Ejecutivo regional de destinar, al final de esta legislatura, el 0,5 por ciento del PIB regional a cooperación internacional, así como de consensuar con los grupos políticos la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo, cuyo borrador ha encargado actualizar.
