Tramitaciones administrativas urbanísticas y ambientales resueltas en un plazo de tres meses, y deduccione fiscales que en el caso del impuesto del juego pueden pasar del 50% actual al 3%. Son solo dos de las cuestiones que contempla la Ley de Grandes Instalaciones de Ocio de Extremadura (LEGIO), que ayer fue aprobada en la Asamblea con el único apoyo del PSOE (autor del proyecto de ley) y del diputado no adscrito Juan Antonio Morales. El PP y Ciudadanos se abstuvieron, y Podemos votó en contra en lo que fue el último Pleno del periodo de sesiones, que se despide hasta septiembre. Esta normativa recoge, entre otras cuestiones, un régimen fiscal especial, con un tipo fijo del 15% para los casinos (actualmente llega hasta el 50% cuando los ingresos superan los 6 millones de euros). La aplicación del porcentaje del 15% a los ingresos obtenidos da como resultado la cuota a pagar; pero se añade una deducción de hasta el 80% de esa cifra, tanto para casinos como para el resto de juegos, para compensar inversiones que pueden ser durante 25 años. Ello permite, por ejemplo, que el impuesto del juego pase de un máximo del 50% a un 3%. La norma exige una inversión de al menos 1.000 millones de euros, una superficie mínima de 300 hectáreas, y la creación de 2.000 empleos y 3.000 plazas hoteleras.

El PSOE, que presentó 7 enmiendas a su propio texto original, defendió que se trata de una ley «pensada para la creación de empleo, para la generación de riqueza, para que los jóvenes no se marchen y para que aumente la población en los próximos diez años», según su portavoz, Valentín García.

Sin embargo, para el PP, que no presentó enmiendas, esta normativa es «bochornosa, una chapuza», que llega después de un «varapalo» del Consejo de Estado, «que ha obligado al propio PSOE a hacer tal cantidad de enmiendas que han desvirtuado la ley». Todo, según el diputado popular Víctor Del Moral, es fruto de «una fábula» que se ha creado el «neoliberal Fernández Vara y el neoliberal PSOE». Por todo ello, lo más sensato, dijo, era abstenerse.

También se abstuvo Ciudadanos, que criticó además la «falta de lealtad de la Junta a la hora de explicar a todos los grupos le ley», al negociar solo con el PP, insistió su portavoz, María Victoria Domínguez. «No hemos creído nunca en esta ley, que no va a valer para nada y se va a meter en un cajón», señaló, y advirtió de que carece de seguridad jurídica y de un posible recurso de inconstitucionalidad.

El voto en contra llegó por parte de Podemos, que presentó 51 enmiendas, argumentando las inversiones no pueden llegar a la región «a cualquier precio», según la diputada Jara Romero. «No queremos otro Valdecañas», dijo, ya que se trata de «un traje a medida para inversores de grandes casinos», y denunció la «transparencia cero» de la Junta en este asunto. «No vamos a ser cómplices de un PSOE más preocupado por los titulares, y que sigue anclado en la opacidad, presentando una auténtica chapuza con esta ley», aseguró.