El Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres ha imputado por prevaricación administrativa a dos principales responsables de Intromac de la pasada legislatura, los exgerentes Pilar del Pozo Villanueva y Juan Pablo Carrasco. Este organismo, con sede en Cáceres, y uno de los institutos tecnológicos de la comunidad autónoma, está especializado en la investigación de rocas ornamentales y materiales de la construcción.

Las actuaciones judiciales se derivan a partir de un auditoría encargada por la Intervención General del Gobierno de Extremadura en el año 2012 (obligatoria para todos los entes públicos) y que sirve como base documental para el Tribunal de Cuentas. Fue precisamente este organismo supervisor el que detectó varias irregularidades en los años 2010 y 2011 en este organismo dependiente de la Consejería de Economía y dio traslado a la Fiscalía Provincial de Cáceres para que abriera una investigación por la "posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

La investigación se centra en la contratación de personal para el centro tecnológico sin ningún tipo de concurso, mérito o capacidad o el procedimiento de contratación de proveedores (Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, Cepsa Proas y Construcciones Sevilla Nevado S.A), que no pasaron ningún tipo de licitación previa y fueron adjudicados presuntamente 'a dedo' a pesar de superar la facturación anual los 18.000 euros. Es decir, se adjudicaron sin justificar mediante un procedimiento de negociado con publicidad, como marca la ley de contratos públicos cuando se supera esta cantidad. Ambos exaltos cargos del PSOE prestaron declaración como imputados el pasado 20 de marzo.

La supervisión de la Intromac estaba delegada en la legislatura pasada en la vicepresidenta Dolores Aguilar y su director general, Jesús Alonso, fue quien nombró a Juan Pablo Carrasco como gerente tras la salida de Pilar del Pozo Villanueva en 2010. En cuanto a la contratación de personal de forma irregular, se investiga la incorporación saltándose todos los procedimientos legales y sin concurso público de un técnico de proyectos.

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha pedido a la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación toda la información sobre las contrataciones de personal y de proveedores de Intromac, ubicado en el Campus de la Universidad de Extremadura en Cáceres, para aportarla a las diligencias que instruye en estos momentos el juzgado de Cáceres que se ha hecho cargo del caso.

Intromac es un consorcio de carácter administrativo perteneciente al sector público autonómico, conforme a la ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura. Este institución, que se fundó en el año 1999 como medio propio y servicio técnico de la Junta de Extremadura, realiza trabajos para el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de las distintas consejerías, organismos públicos, instituciones y entes públicos de Extremadura, siguiendo --según se especifica en su página web-- los principios de "austeridad, eficacia y transparencia".