Extremadura sigue sumida en lo peor de la segunda ola de coronavirus, que está arrojando muchos más positivos pero menor letalidad e ingresos. La edad media de los contagiados ha bajado hasta los 42 años (entre marzo y abril era de 62) y en estos momentos un 31% de los casos se dan entre menores de 30 años. Además, la tasa de ingresos es del 6%, frente al 23% de la primera ola, y también la letalidad ha disminuido de forma considerable: un 1,06% frente al 8,7% que se dio entre marzo y abril. Los datos los ofreció ayer en el pleno de la Asamblea el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en la primera de las comparecencias que ofrecerá de forma periódica mientras dure el estado de alarma. El titular de Sanidad pidió a los grupos «unidad de acción» para hacer frente a la pandemia, pero todos criticaron la gestión de la Junta y se preguntaron qué ha ocurrido para que, de nuevo, el virus haya entrado en las residencias y el sistema sanitario esté al borde del colapso.

Sobre la evolución de la pandemia, Vergeles reconoció que la situación es «muy preocupante». La tasa de incidencia a 14 días se sitúa en 564 casos por cien mil habitantes, una cifra que ya supera el umbral de riesgo marcado por el Ministerio de Sanidad (500 casos) y que coloca a la región en un nivel de alerta 3, «riesgo alto». Aún así, por el momento ha descartado nuevas medidas más allá de la prórroga del toque de queda nocturno y de las que se están aplicando sobre el control de aforos o el aislamiento perimetral por municipios, y que afectan ya al 57% de la población extremeña. Según recordó, estas son las únicas medidas que, «de forma empírica, sabemos que sirven para algo», y que ahora se refuerzan gracias a la seguridad jurídica del nuevo decreto de estado de alarma.

La región se sitúa en estos momentos en el puesto 10 en cuanto a incidencia acumulada entre las comunidades autónomas, pero la tasa a los siete días «empieza a ser inferior al 50% (de la de 14)», según Vergeles un «indicador precoz que nos debe dar algo de esperanza». El consejero destacó además otros datos positivos, como la elevada tasa de realización de pruebas (2.536 por cada cien mil habitantes), que está permitiendo a la región detectar un 62% de casos asintomáticos. Ahora se tarda entre 0 y 1 días en testar y confinar los nuevos casos, y se sigue a una media de seis contactos por positivo, según detalló.

En este contexto, Vergeles pidió a los grupos políticos «unidad de acción» para frenar la pandemia y, sobre el estado de alarma aseguró que será diferente al de marzo. Ahora no hay mando único y se respeta la cogobernanza con las comunidades a través del Consejo Interterritorial de Salud «y eso tiene la ventaja de permitir adaptar las medidas una realidad asimétrica desde el punto de vista epidemiológico». Por último, el consejero se ofreció a facilitar a sus señorías toda la información que requieran, al tiempo que pidió a la ciudadanía que no se deje vencer por la llamada «fatiga pandémica» y no desfallezca en su lucha contra el virus.

Datos «desbocados»

Desde oposición sin embargo, todos los grupos coincidieron al criticar la gestión de la Junta, a la que acusan de no haber aprendido de los errores cometidos en la primera ola a la vista de los datos actuales. Especialmente dura fue la portavoz del PP, Cristina Teniente. Aseguró que la pandemia está «desbocada» en Extremadura: desde el 1 de octubre los contagios han aumentado un 96%, frente al 64% de la media nacional y el 31% de Madrid; la presión asistencial se ha disparado un 91%, casi el doble que hace un mes, y nuevamente somos la segunda comunidad con la tasa de letalidad más alta, con un porcentaje de fallecidos que dobla a la media nacional.

«Su estrategia es no tomar ninguna decisión y así nada nuevo ni bueno nos espera. Estamos saturados de simones y huérfanos de presidentes», dijo Teniente, que acusó además a Fernández Vara de convertir Extremadura «en una isla» para que en los mapas parezca que está mejor cuando no es así.

Más benévolo fue el tono de los otros dos grupos de la oposición, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, cuyos diputados José María Casares y Joaquín Macías, mostraron su apoyo a las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus en la región. No obstante, también criticaron la gestión de la Junta en temas como la contratación de personal, las PCR o la planificación de la campaña de la gripe, y ambos pidieron recuperar poco a poco la actividad presencial en Atención Primaria.