La afirmación del juez Cano de Lasala, instructor de la causa contra la exalcaldesa de Plasencia y otros cinco concejales y exconcejales de sus gobiernos, de que en el proceso de adjudicación y pago de las obras investigadas por él se ha distraído "una cantidad significativa" del erario público, se basa en un informe pericial que ordenó realizar el propio juez. En ese informe se asegura que el precio de todas las obras, a excepción de las realizadas en el polígono margen derecha y las de la pista de 'La Data', estaban 'infladas', tomando de base los precios de la Junta de Extremadura, que están por encima de los precios de mercado".

Este periódico dio cuenta de la existencia de ese análisis pericial en su edición del pasado 18 de mayo. Así, en una información titulada "Un informe pericial señala que el coste de las obras estaba inflado" se recogía lo que ha reproducido ahora el juez en su último auto y se ponía el ejemplo concreto de que las obras del aparcamiento de 'La Isla', cuyo coste ha sido superior a los 90.000 euros "no debería haber costado más de 50.000".

RESPUESTA MUNICIPAL El mismo día de la publicación de la información, el Ayuntamiento de Elia Blanco respondió. Y lo hizo con otro informe, (ver EL PERIODICO del 19 de mayo) firmado por un técnico municipal, ingeniero de obras públicas, en el que ponía en duda parte del trabajo del perito del juzgado. Lo hizo sin entrar en detalles sobre el fondo del asunto. Se limitaba a afirmar que el informe obrante en el juzgado "ha sido realizado por un profesional de la edificación, cuando los técnicos competentes son ingenieros civiles", y que resultaba "evidente" que dicho informe "carece del suficiente rigor y se ha llegado en él a conclusiones precipitadas", ya que los precios establecidos en el presupuesto "están dentro de los aplicables a la fecha de redacción".

La exalcaldesa, por su parte, salió al paso de la información publicada y dijo que el constructor Romero Vega llevaba 20 años trabajando con el Ayuntamiento de Plasencia y "siempre ha facturado a esta administración de la misma forma". Elia Blanco recordó entonces que el constructor había presentado ante la Audiencia Provincial de Cáceres un escrito "para que se le permita probar que no ha habido ningún tipo de connivencia a la hora de contratar con el gobierno local porque el procedimiento era el mismo que usaba el PP cuando gobernaba".

En ese escrito Romero pedía que se le llamase a declarar al entonces concejal Fernando Pizarro --ahora alcalde--, "que contrató obras con Romero", según Blanco, y al exalcalde del PP, José Luis Díaz. El juez no admitió esas declaraciones.