Un informe de la Junta detecta "irregularidades" de gestión que sitúan a 10 empresas públicas en situación de "riesgo"

Según apunta el estudio, todas estas empresas se encuentran como consecuencia de dichas "irregularidad" en situación de "riesgo", y dos de ellas --Gpex y Fomento de Mercado Exterior-- "en riesgo alto que requiere actuación inmediata por parte de sus responsables".

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, ha explicado en rueda de prensa que el informe evidencia que las actuaciones que se han estado llevando a cabo en las empresas analizadas materia de personal, adjudicaciones y de procesos selectivos "obligan a tomar medidas, no a que desaparezcan estas entidades, para corregir irregularidades".

En concreto, las empresas auditadas son la sociedad que gestiona las ITV, Gpex, Fomento de Mercado Exterior, Gespesa, Cexma, la Sociedad Pública de Radio, la Sociedad Pública de Televisión, la Sociedad de la Innovación, la Sociedad de Desarrollo del Parque Industrial Norte y la Sociedad de Desarrollo del Parque Industrial Sur. MEDIDAS

Teniente también ha explicado que cada una de las consejerías están adoptando ya medidas para "subsanar" la situación detectada por la auditoría.

En concreto, ha explicado que las medidas ya puestas en marcha "no tienen que ver de momento con el recorte de personal sino con el recorte de puestos directivos y de sueldos de puestos directivos".

En esta línea, ha subrayado que en el sector público "todo está abierto, todo se está analizando" para poder convertirlo en "más eficaz", mediante la aplicación de criterios de "austeridad, eficacia y eficiencia en la prestación de servicios", y todo ello acompañado de una "analítica minuciosa, medida y pensada" que permita "hacer ajustes de forma sensata y serena pero decidida si las entidades que resultan no están teniendo la eficacia que se exige al sector público".

MALAS PRÁCTICAS

El objetivo de este informe, del que se desprenden "malas prácticas en la gestión del sector público extremeño", es avanzar en la austeridad, la transparencia y la "regeneración política" en el sector público extremeño comprometidas por el Gobierno regional mediante planes de auditoría y control.

Según ha dicho Teniente, "empieza a vislumbrarse" de estos estudios o planes de auditorías "un rosario de irregularidades en el sector público" que "van a corregirse" mediante medidas que ya están siendo adoptadas por parte de las distintas consejerías "para proceder a ajustes inmediatos".

Pese a la situación descrita por el informe, Teniente ha insistido en que el sector público extremeño "tiene futuro", y en que para ello "hay que romper con el pasado".

"Los planes de auditoría cuentan que hay prácticas que tienen que romperse, que corregirse en unos casos de forma inmediata y urgente por el bien de ese sector público que en estos momentos parasita a la administración y que tiene que empezar a funcionar con criterios de gestión más adecuados a los nuevos tiempos", ha apuntado.

SE AUDITARÁ "TODO"

De este modo se ha pronunciado la vicepresidenta extremeña en rueda de prensa en la que ha explicado un informe de auditoría relativo a 2010 sobre el control financiero de empresas del sector público empresarial extremeño, en el que han sido analizadas 10 entidades, y que continuará con sucesivos estudios posteriores relativos a fundaciones, consorcios y organismos autónomos, ha criticado el "laberinto engendrado" por el anterior gobierno regional en esta materia.

El estudio se enmarca dentro del objetivo del Ejecutivo extremeño de analizar y auditar "todo" el sector público con el objetivo de "reestructurarlo, conocer sus deficiencias, corregirlas y mejorar y optimizar la estructura, con un objetivo también de austeridad".

DEFICIENCIAS

Según ha dicho, del informe se evidencia que hay una estructura pública que "tiene deficiencias" y que "parece una estructura parasitada de la propia administración" ya que "se nutre casi exclusivamente de fondos de la comunidad autónomas y que no tiene fondos propios que permitan autofinanciar".

Como "hechos relevantes" del informe analizado por el Consejo de Gobierno este viernes, en materia de ingresos, "la práctica totalidad" de las empresas públicas analizadas "se nutre casi exclusivamente" de fondos de la comunidad autónoma o bien de prestaciones de servicios que la comunidad encarga a esas empresas públicas o a sus filiales y, por tanto, "no se autofinancia ninguna", con la "única excepción" de Gespesa, que no obstante "también tiene financiación pública porque cobra directamente servicios de encomienda de gestión por parte de los ayuntamientos".

El informe de auditoría también apunta que la partida principal de gastos en cinco de las 10 empresas públicas auditadas es el de personal. En concreto, en cinco de ellas "más del 50 por ciento" de los gastos son de personal y en las otras cinco la partida principal es la de servicios de profesionales independientes y trabajos realizados por otras empresas. PERSONAL

En cuanto al control de las partidas de personal, Teniente ha señalado que en virtud del estudio en "ninguna" de las entidades analizadas existe relación de puestos de trabajo o documento "similar" aprobado por los órganos de gobierno; así como que "salvo en una" de ellas "no hay manual de procedimiento escrito para la selección de personal que garantice los principios de publicidad, mérito y capacidad".

También se evidencia que "salvo en tres" entidades "no se realizan o acreditan procesos de selección de personal", así como que "en una de ellas hasta se incumplen los requisitos de titulación exigidos según la catalogación de puestos de trabajo".

RETRIBUCIONES

En aspectos retributivos, según la vicepresidenta, se evidencia que "no se dispone" de tablas salariales "debidamente aprobadas"; que existen "diferencias significativas" por trabajos de "similar responsabilidad"; y que "no están acreditados" procesos de selección en la alta dirección.

Así, ha explicado que según el informe, en el primer nivel de alta dirección los sueldos medios se sitúan en 78.000 euros y que existen retribuciones que "en algún casos" alcanza los 92.300 euros; así como que en el segundo nivel de dicho tipo de personal el sueldo medio se establece en 60.000 euros.

En esta línea, ha avanzado que el Gobierno regional en virtud de las "rebajas" en las retribuciones en las que trabaja "desde luego no va a haber ningún" cargo directivo que tenga un retribución superior a la del presidente de la Junta.

De igual modo, en cuanto a la cifra de personal directivo en empresas públicas que será recortado, ha asegurado que "será muy importante".

CONTRATACIÓN

Por otra parte, ha alertado de que han sido detectados contratos de más de cuatro millones y de más de un millón de euros "adjudicados directamente", así como otros "con ausencia en muchos casos total y absoluta de procedimientos de licitación".

También ha apuntado que han sido vislumbrados aportaciones económicos por la vía de subvenciones de Gpex a fundaciones que dependen del sector público "no ajustadas al objeto social" y en las que "no hay procedimiento de justificación sobre el destino de dicho fondo".