Inquietud en las factorías de Carcesa ante la situación del grupo Ruiz-Mateos

Este hecho ha generado inquietud entre los trabajadores que el grupo Ruiz-Mateos tiene en Extremadura. La marca de la abeja cuenta con cuatro factorías en la región, que dan trabajo a unos trescientos empleados. Se trata de las tres plantas de Carcesa, situadas en Mérida, Don Benito y Montijo, y de Cárnicas Oliventinas.

Nueva Rumasa, por su parte, garantizó ayer que "cumplirá todos sus compromisos" y consideró "superables" las dificultades que puedan atravesar algunas de sus sociedades.

El embargo de bienes fue dado a conocer ayer por el director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, el mismo día en el que una información del diario El País cifraba los impagados a la banca de este conglomerado empresarial en 76 millones de euros.

Margot Sastre, miembro de la ejecutiva de la Federación Agroalimentaria de CCOO y del comité de empresa de Quesería Menorquina, compañía propiedad de la familia Ruiz-Mateos, califica la situación de Nueva Rumasa como "delicada" a causa de su falta de liquidez. En el caso de las fábricas extremeñas, indicó que "están funcionando a muy bajo ritmo, no por falta de pedidos, sino de materia prima", una vez que los proveedores han cortado el suministro ante la falta de cobro. Igualmente, señaló que aunque no hay retrasos en las nóminas, estas se están cobrando en varios pagos fragmentados.

Según ha podido saber este diario, la dirección de Carcesa se reunió ayer con los representantes de los trabajadores para comunicarles que la situación que se atraviesa es "grave", un extremo que no fue confirmado ni por Nueva Rumasa ni por la presidenta del comité de empresa de Carcesa, Rosario Riñones, que prefirió no hacer declaraciones. Los empleados de las tres plantas tienen previsto realizar concentraciones de protesta a partir de las diez de la mañana de hoy en los tres centros de trabajo.

"FUERA DE LA REALIDAD" "Están fuera de la realidad totalmente, echando la culpa de lo que sucede a la crisis o a todo el mundo menos a ellos", resaltó ayer Margot Sastre en relación a los propietarios de Nueva Rumasa. "No se trata de problemas coyunturales, sino de carácter estructural y derivados de la mala gestión", lamentó esta responsable sindical para luego añadir que los propietarios "siguen diciendo que pueden arreglar la situación con préstamos o ventas de empresas".

Clesa, Royne, Cacaolat, Tranchettes, Santé o Dhul son algunos de los marchamos comerciales del nuevo emporio levantado por José María Ruiz-Mateos tras la expropiación de Rumasa en 1983. Aunque están incluidas dentro de una misma marca, este conjunto de empresas no consolidan como grupo, algo que, apuntó Sastre, puede añadir "dificultades a la situación".

El director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, afirmó ayer que desde esta entidad se "ha facilitado la posibilidad de normalizar la situación de Nueva Rumasa y no hemos tenido éxito porque reiteradamente se han incumplido las condiciones". Aibar advirtió de que la Seguridad Social podría ordenar nuevos embargos preventivos si surgieran otros acreedores judiciales. "En la medida en que observemos que tenemos otros competidores por la vía judicial, tendremos que tratar de anticiparnos", dijo.

De la misma forma, insistió en que la Tesorería procurará "siempre" que las industrias mantengan su actividad productiva con el fin de que los trabajadores no sufran ningun tipo de perjuicio, al tiempo que destacó que una eventual venta de empresas podría "tal vez" salvar empleos y actividad.

Por contra, una portavoz de Nueva Rumasa recordó ayer que la familia Ruiz-Mateos tiene pendientes de cobrar los justiprecios por la expropiación de la antigua Rumasa "ganados en sentencias firmes que hay que ejecutar". Entre todas las demandas, reclaman 18.000 millones euros. "El grupo siempre ha cumplido y quiere cumplir", remarcaron estas fuentes, antes de censurar el "acoso diario" que sufren a través de los medios de comunicación.