El acuerdo de transferencias sobre la cuenca del Guadalquivir suscrito entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ha provocado una oleada de reacciones.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) consideró ayer un "error político" transferir la planificación hidrológica a las comunidades autónomas. Reiteró que la planificación hidrológica nacional es competencia "única y "exclusiva" del Estado central en las cuencas que discurren por varias regiones. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz aclaró la planificación general queda "salvada" dentro de la planificación del Estado y la unidad de la cuenca no peligra, por lo que disipó cualquier preocupación de los regantes.
Por otro lado, el secretario general del Partido Andalucista, Julián Alvarez, se mostró ayer convencido de que Extremadura "fracasará en su recurso", ya que "ni el Estatuto de Andalucía ni el acuerdo entre la Junta y el Gobierno central ponen en peligro la competencia del Estado sobre la cuenca del Guadalquivir".
Por el contrario, el portavoz del PSOE extremeño, Francisco Fuentes, manifestó ayer que su partido defiende el mantenimiento del recurso presentado por la Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto andaluz en lo concerniente a las competencias sobre el río Guadalquivir, pese a que --según reconoció-- el decreto de transferencias del Ejecutivo central a Andalucía sobre dicho río "se aproxima bastante" a las tesis defendidas por la Administración extremeña.
Además, señaló que el PP extremeño aún no se ha posicionado "con nitidez" a favor o en contra del recurso de la Junta.
