El Proyecto de Ley de Enajenación de Viviendas de Extremadura supera hoy el debate de totalidad en la Asamblea y continúa su tramitación parlamentaria con la próxima apertura del plazo de enmiendas. Este Proyecto de Ley recibe el apoyo de los dos grupos parlamentarios, Socialista y Popular.
Según la agencia Europa Press, el consejero de Fomento, José Luis Quintana, resalta que se trata de una "ley más justa, más social y más solidaria con los ciudadanos que menos recursos tienes". De hecho, la norma adapta la normativa autonómica de Enajenación de Viviendas en vigor a las nuevas condiciones sociales y económicas de la sociedad extremeña, así como de adaptar también a la Ley de Patrimonio de la comunidad.
Quintana explica que la nueva ley establecerá el régimen jurídico aplicable a la enajenación de viviendas de promoción pública de la comunidad autónoma, regulando las condiciones y requisitos que deben cumplir los adjudicatarios de viviendas de promoción pública cedidas en arrendamiento, para acceder a la propiedad de las mismas.
Así, el consejero calcula que 17.000 familias extremeñas podrán beneficiarse a lo largo del tiempo de esta ley, y adquirir la vivienda en la que residen en los últimos años. Para él, es "justo y lógico" que una familia "que ha estado pagando religiosamente sus cuotas" de alquiler de su casa puedan acceder a su propiedad.
Quinta subraya que el precio medio por el que estas familias podrán comprar sus viviendas será de 16.000 euros, por lo que en este sentido el consejero rechaza que el Gobierno regional pretenda "hacer caja" con esta medida.
Finalmente, el consejero de Fomento destaca que esta ley permitirá "llegar a un espectro de población mucho más amplio, siendo más solidario con aquellos que más lo necesitan" y recuerda además que "Extremadura es la comunidad autónoma que tiene más política de vivienda protegida".
Postura del PP
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Teresa Bravo reclama que este nuevo instrumento sea "útil, fácil y rápido para los que quieren su propia casa y además deben facilitar la financiación". Por ello, lamenta que "la ley se ha hecho para recaudar dinero" y muestra su confianza en que "ese dinero no sirva para la privatización de algunos servicios de la consejería".
Ante esto, la diputada popular propone que "ese dinero que se consiga de la enajenación de vivienda repercuta en más viviendas sociales", ya que "hoy siguen haciendo falta viviendas de promoción pública, porque las necesidades de esta viviendas no disminuyen, aumentan". "Que ese dinero repercuta en viviendas sociales, que hacen falta en nuestra comunidad, que no se eternice esta medida en el tiempo, llevan un año de retraso desde que ustedes vendieron ilusiones", justifica Bravo y reclama que las medidas que se recoge en esta nueva norma se apliquen "de una manera rápida, voluntaria, para el que quiere y para el que lo necesita".
PSOE
La diputada socialista María Isabel Moreno Duque resalta el "carácter social" de la norma y aclara que esta actuación del Gobierno regional no significa que la Junta haya abandonado su política de vivienda protegida en alquiler, de tal forma que "Extremadura es la comunidad autónoma con mayor número de viviendas protegidas en alquiler".
En su opinión, la política "intervencionista" que practica la Junta de Extremadura envivienda se ha "conseguido evitar el desplome de la venta de viviendas", lo cual "ha sido posible gracias a la apuesta de viviendas asequibles para los ciudadanos".
Además, rechaza que con esta normativa la Junta pretenda hacer caja, tal y como asegura el PP. "La Junta no tiene ningún interés económico, por tanto no puede hablarse de mercadear, ni de un enfoque mercantilista".
Las novedades
Entre las novedades, cabe destacar la reducción de los plazos totales en que se puede formalizar la enajenación de las viviendas y la posibilidad de enajenar además de las viviendas, los anejos, de manera que la comunidad autónoma no mantenga la propiedad de los inmuebles en los que ha enajenado las viviendas a través de sus anejos.
Del mismo modo, se introduce un nuevo criterio a la hora de establecer el importe total final que debe abonar el comprador de la vivienda, haciendo ahora referencia a los módulos establecidos en el Plan Regional de Vivienda, cambiando la regulación de las bonificaciones o descuentos que pueden realizarse sobre el valor del inmueble o inmuebles objeto de venta.
Asimismo, contempla una nueva regulación de la financiación del precio, ya que el sistema de avales contemplado en el anterior texto normativo, en la práctica, no ha tenido ninguna eficacia por la posibilidad de establecer líneas de financiación específicas, para las operaciones financieras que tengan por objeto la adquisición de estos inmuebles.
La presente ley es de aplicación a todas aquellas viviendas, que con el carácter de bienes de dominio privado se integran en el Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura y están ocupadas en arrendamiento por personas físicas, con independencia de que en este último contrato se haya contemplado o no la posibilidad de venta ulterior al inquilino, siempre y cuando lleven cedidas en arrendamiento al menos cinco años.
Asimismo se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley los anejos de que dispongan las viviendas, estén o no vinculados a ellas, siempre que estén incluidos o formen parte de la promoción en la que se encuentre la vivienda.
