La Dirección General de Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Extremadura han acordado hoy llevar a cabo durante el próximo año cerca de 16.000 acciones de inspección para velar por el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social.

El Ejecutivo regional ha informado que esta iniciativa se ha acordado en la Comisión Territorial de la Inspección, junto con otros diez miembros entre representantes de la administración estatal y autonómica.

La directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, ha destacado que el total de acciones previstas suponen un aumento de más del 16 por ciento, con respecto a este año, en el que se han efectuado 13.604.

Pacheco ha subrayado el incremento de las operaciones en materia de prevención de riesgos laborales, que se sitúa en torno a un 17,3%, y ha afirmado que se trabaja de manera importante y con gran preocupación en este asunto.

En cuanto a la parcela de relaciones laborales, la directora general ha manifestado que, en 2017, habrá un crecimiento del control del tiempo en el trabajo (horas extra), que afectará también a los controles sobre la realidad de las jornadas declaradas en los contratos a tiempo parcial.

De igual manera se producirá en el control del fraude en la contratación temporal, dirigida a su conversión en empleo indefinido, que aumentará un 40 por ciento.

Respecto a la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra el empleo sumergido, Pacheco ha asegurado que se incidirá para mantener y consolidar los buenos resultados obtenidos en los últimos años.

"Existe una coordinación permanente entre la Junta y la Inspección que permite que la planificación sea dinámica, en función de lo que demanden los agentes sociales y según la evolución de la siniestralidad", ha agregado.

A su juicio, hay que resaltar los buenos resultados obtenidos en Extremadura por la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el año 2016, que ha recaudado más de 28 millones de euros por expedientes liquidatorios.

Pacheco ha concluido que en 2016 han aflorado 2.150 empleos de la economía sumergida y se han transformado en indefinidos un total de 1.160 contratos de trabajo que eran temporales de forma fraudulenta.