El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer en el Congreso dos nuevas iniciativas dirigidas a reanimar el sector inmobiliario del país. Una de ellas consistirá en que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiará con 3.000 millones de euros a los promotores de viviendas que no pueden venderlas debido al parón que sufre el sector. Estos promotores podrán transformar su deuda con el banco en un préstamo a más largo plazo (el ICO financiará la mitad) y, en contrapartida, se comprometen a poner las viviendas en alquiler hasta que puedan venderlas. Según ha destacado el Gobierno, esta medida permitirá al promotor "encontrar financiación a largo plazo para un activo que hoy no vende, en un momento en el cual está obligado a devolver el préstamo" y evitar, de esta manera, el riesgo de suspender pagos.

El grupo de las 14 mayores inmobiliarias españolas, el llamado G-14, juzgó ayer mismo "positiva y muy eficiente" la iniciativa, pues, según destacaron, permitirá corregir la "contradicción" que existe actualmente entre el estoc de 100.000 viviendas sin vender (y otras 800.000 en construcción) y la creciente demanda de pisos de alquiler.

Además, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció que autorizará la creación de sociedades cotizadas de inversión en el mercado hipotecario. Se trata de sociedades que cotizan en bolsa cuyo objeto es la inversión en inmuebles (viviendas, oficinas, hoteles, centros comerciales...) para destinarlo al alquiler. Los ingresos del arrendamiento y las plusvalías no tributarán.

El jefe del Ejecutivo también anunció ayer en el Congreso una ampliación del actual Plan de Empleo, cuya dotación presupuestaria llegará hasta los 1.106 millones de euros. El objetivo de este plan, según explicó Rodríguez Zapatero, será lograr la capacitación y adecuación profesional de 100.000 personas actualmente desempleadas, mediante su contratación para realizar obras o servicios de utilidad social y su participación en acciones formativas. De esta forma, el Gobierno busca reducir la creciente cifra de parados.

Estos 100.000 desempleados serán contratados para desarrollar su actividad en talleres de empleo y en trabajos encargados fundamentalmente por las corporaciones locales. Así, los ayuntamientos verán incrementados por esta vía sus recursos.

Este plan de empleo se suma a las iniciativas abiertas por el Gobierno central dentro del diálogo social que mantiene con los empresarios y los sindicatos. Se considera prioritaria la modernización y coordinación de los diversos Servicios Públicos de Empleo para potenciar la intermediación en el mercado de trabajo, el reciclaje profesional y la recolocación de los desempleados. De hecho, ya está en marcha la contratación de 1.500 orientadores profesionales por parte de las comunidades autónomas, así como las ayudas económicas para el periodo de búsqueda de empleo del trabajador y para incentivar la movilidad geográfica, con una dotación presupuestaria de 201 millones de euros.

Convencido de que el origen y "causa fundamental" de la grave situación económica actual es "la crisis financiera originada por las hipotecas subprime de Estados Unidos", que empezó en agosto del 2007, Zapatero se mostró ayer especialmente receptivo a las propuestas formuladas por el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, para dotar de mayor liquidez al sistema financiero. Zapatero reconoció que la crisis internacional no ha acabado, como lo demuestra la intervención estadounidense sobre los dos gigantes hipotecarios Freddie Mac y Fannie Mae.

Zapatero se comprometió a estudiar y considerar estas propuestas. Según Duran, la emisión de deuda pública y una mayor actividad del Instituto de Crédito Oficial (ICO) "son medidas que pueden dilatar el actual cuello de botella de la liquidez del sistema crediticio". Al mismo tiempo, propuso modificar los coeficientes de reserva de las entidades financieras, que es la cantidad de dinero que los bancos y cajas de ahorros deben guardar, sin poder usarlo para invertir o bien hacer préstamos.

CiU fue el que planteó la batería más concreta de medidas y su portavoz fue tratado con marcada deferencia por parte del presidente del Gobierno. Entre las propuestas fiscales, Duran planteó una nueva rebaja del impuesto de sociedades y aumentar en 5 puntos la deducción por reinversión (del 12% al 17%). También planteó suprimir el impuesto de operaciones societarias.