La Dirección General de la Policía ha abierto expediente disciplinario, a instancias de la Jefatura Superior en Extremadura, a dos miembros de la Brigada de Policía Judicial, a los que se acusa de haber facilitado información a la prensa sobre los índices de criminalidad en la ciudad de Badajoz. Por ello, según explicó ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Interior considera que faltaron a su deber de secreto profesional sobre la información conocida por sus funciones.
Son un agente y un subinspector que declararon ayer ante un instructor y un secretario de Asuntos Internos que se desplazaron desde Madrid. También estaban citados periodistas que publicaron información sobre dichos datos facilitada por el SUP.
"La acusación es por completo infundada", según el SUP, para el que los funcionarios "en modo alguno facilitaron a la prensa, ni a este sindicato, ni a ningún otro, dato alguno". Y señaló que contrasta "la diligencia para dar ejemplo con estos expedientes y la indiferencia hacia el jefe superior y el de la Ucot, con motivo de los disturbios que ocasionaron en una manifestación autorizada del SUP, y a quienes ni siquiera se les abrió información reservada".
El jefe superior de Policía se hallaba ayer en una reunión en Madrid, por lo que, según el gabinete de información de la jefatura, no era posible recabar su opinión. La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, declinó pronunciarse "por respeto a la instrucción".
Para Pedro Donoso, portavoz del SUP, "algo huele a podrido cuando no se ha permitido a los funcionarios declarar en presencia de sus abogados", lo que a su juicio coloca a los agentes "en un estado de indefensión".
Donoso denunció que los expedientes suponen "la constatación de que hay una caza de brujas con el fin de poner una mordaza al sindicato, para que no aporte otros datos distintos a los oficiales". Se mostró convencido de que el expediente no prosperará y anunció acciones judiciales contra los promotores de los expedientes "sin pruebas suficientes".
