El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirma que tanto él como el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, son dos políticos que no han "aplaudido mucho" a la Guardia Civil, pero que sí han trabajado por la mejora de las condiciones de los agentes, al contrario que "la derecha más patriótica". El Ministerio del Interior y la Junta de Extremadura firman un convenio por el que se invertirán cinco millones de euros hasta 2009 en la mejora de los acuartelamientos de Extremadura, al tiempo que acordaron reforzar la coordinación contra la siniestralidad laboral en la región. Tras la firma de los convenios, informa la agencia Europa Press, Ibarra reconoce que desde 1999 "la Junta ha acudido al ministerio para que los acuartelamientos tengan la habitabilidad que se merecen los agentes. Es nuestra policía y nos sentimos responsables de que realicen su trabajo en condiciones". El presidente extremeño califica Extremadura como "una comunidad atípica" en los tiempos que corren, puesto que ni ha iniciado una reforma estatutaria ni pide una policía autonómica. "Con la policía nacional y la guardia civil nos basta y nos sobra". El ministro de Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, habla del "ejercicio de responsabilidad compartido" que implican los acuerdos en materia de conservación de las casas cuartel y de seguridad laboral. De esta forma, Interior y la Junta aportarán el 57% (2.885.758 euros) y el 43% (2.144.242 euros) respectivamente en mejorar las condiciones de la Guardia Civil en Extremadura. Según observa el ministro, a lo largo de este año se llevarán a cabo trabajos en 50 acuartelamientos de Extremadura. Rubalcaba incide en la idea de que a través de estos dos convenios se "beneficiarán" ambas Administraciones puesto que "tendrán un resultado inmediato" en la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil extremeña y "más a largo plazo" la Junta de Extremadura contará con información relevante sobre la inseguridad laboral. En este sentido, Ibarra anota al respecto que, aunque Extremadura no tiene un índice de siniestralidad demasiado alto, el aumento de la construcción en la comunidad hace necesaria la actuación de la Administración para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores, especialmente en las zonas rurales donde el seguimiento es más difícil. "La Guardia Civil será nuestros ojos", subraya. El convenio amplía la coordinación entre ambas Administraciones en la prevención de riesgos laborales, de forma que los agentes harán una labor de "vigilancia" e informarán al Gobierno extremeño de todos los datos recogidos. La Junta, por su parte, se encargará de la formación de los agentes y les dotará de los instrumentos informáticos y fotográficos necesarios para realizar su labor de la forma "más eficaz". "La información no acabará en la basura sino que podrá tener su efecto a la hora de acudir a los tribunales", apostilla Ibarra. Ambos convenios establecen una Comisión de Seguimiento, en el caso de las obras de mejora, una Comisión Técnica para coordinar actuaciones contra la siniestralidad laboral --ambas contarán con dos representantes de la Junta, uno de la Guardia Civil y uno de la Delegación del Gobierno--.