La Guardia Civil no intervendrá en el campamento de rumanos de Santa Marta de los Barros en el que conviven más de 1.000 personas mientras que el propietario de los terrenos que ocupa no presente una denuncia y el juez dictamine la correspondiente resolución que obligue al desalojo del asentamiento.
Así lo indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura, que explicaron que antes de que se produzca intervención judicial o policial alguna, una mediadora social tratará de explicar a los integrantes del campamento la situación en la que se encuentran, y les invitará a que abandonen.
Las mismas fuentes confirmaron que la situación del campamento fue estudiada el pasado martes en una reunión en la que participaron el ayuntamiento, la Delegación y los propietarios de los terrenos, en la que se acordó que el desmantelamiento se hará de forma "gradual".
El siguiente paso, por tanto, sólo se producirá si los acampados deciden continuar allí. De esta forma, será el propietario de la finca quien deberá presentar una denuncia, un extremo que al parecer no se ha producido.
En ese momento se abriría un plazo de 72 horas antes de que el juez dictamine una orden de desalojo. En ese momento, la Guardia Civil intervendría, pero no para expulsar por la fuerza a los rumanos acampados, que sería "el último recurso", sino para certificar que la orden judicial se aplica "con normalidad".
