La inversión en obra pública en la región se ha disparado en los últimos años. Tal y como preveían los constructores en su examen de principios del 2002, la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas ha disparado el afán inversor de las distintas administraciones, especialmente en lo que se refiere a infraestucturas, que han vivido un momento dulce en la región el pasado año, con un incremento del 62% respecto al anterior.

Así, ayuntamientos, Junta y Gobierno central licitaron obras en Extremadura por 787 millones de euros en el pasado ejercicio, frente a los 484 millones del 2001. En este registro de la patronal de la construcción Seopan, destaca el incremento que experimentaron las inversiones del Ejecutivo regional, que crecieron un 188% hasta situarse en los 441 millones de euros.

ESFUERZO MUNICIPAL

Por su parte, el Gobierno central, sobre todo Fomento y Medio Ambiente, subió su dotación para acometer infraestructuras en la región un 3,2%, hasta los 338 millones de euros, si bien es cierto que esta Administración había adelantado sus deberes al 2001, cuando puso en los boletines obras por 327 millones de euros, un 45% más que en el 2000.

En cuanto a los ayuntamientos extremeños, y dentro de que sus cifras son mucho más modestas que las de las otras administraciones, destaca el hecho de que, precisamente por el tamaño de las obras prelectorales que acometen, retrasan su licitación hasta el último momento.

Así, y con ser llamativo que en el 2002 licitasen un 115% más que en el 2001, hasta situarse en 7,2 millones de euros, lo más relevante es que sólo en el primer trimestre de este año ya han sacado a concurso obras por 11,7 millones de euros, un 62% más que en todo el ejercicio anterior.

INDICE DE MOROSIDAD

Así, el informe de Seopan referido al 2002, al margen de llamar la atención sobre el hecho de que, en general, los gobiernos autonómicos son los que más han incrementado sus licitaciones, apunta que mientras el Ejecutivo central ha bajado en su morosidad, con pagos pendientes equivalentes a menos de cinco meses, los autonómicos lo han incrementado significativamente, y los ayuntamientos, pese a mostrarse algo más diligentes en el pago, siguen siendo los que más remisos se muestran.

En cuanto a la oportunidad de las licitaciones, la fecha viene marcada también por el calendario electoral, y las administraciones buscan sacar los concursos dentro de un cálculo de tiempos --que depende del tamaño y la complejidad de la obra-- con el fin de poder ofrecer a los electores, si no el trabajo terminado y, a ser posible, oportunamente inaugurado, sí al menos la imagen de las máquinas trabajando, que sirve como aval de que lo prometido se está cumpliendo.