Un fiscal y un juez más de refuerzo para la instrucción de la causa abierta a la organización agraria UPA-UCE por presuntos delitos contra la hacienda pública (fraude de subvenciones), falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Así se ha decidido por parte de la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a fin de que el juzgado de instrucción número 1 de Mérida pueda atender este caso y, a la vez, sus titulares puedan darle trámite a otras causas abiertas.

Según Juan Calixto Galán, fiscal jefe de Badajoz, este refuerzo es efectivo desde el miércoles y no tiene plazo de finalización hasta tanto en cuanto continúe abierta la instrucción. Hay que tener en cuenta que hasta el momento se han analizado 295 cajas de documentos y aún existe un volumen importante de escritos que revisar, lo mismo que tomas de declaración y pruebas testificales. Según ha dicho, el caso reviste una gran complejidad por la cantidad de documentos que deben cotejarse y valorarse.

Por otra parte, la organización agraria consideró ayer un «argumento absurdo que no se sostiene» el esgrimido por la Audiencia Provincial para mantener a sus dos dirigentes en prisión, asegurando que la causa de la medida de privación de libertad es evitar que los representantes de UPA-UCE influyan en trabajadores y técnicos.

UPA-UCE se mostró «convencida» de que en este caso hay «intereses ocultos» que «persiguen destruir la organización», ya que «sólo así se explica el catálogo de continuas filtraciones e incluso amenazas» que, según dijo la organización, está sufriendo.

UPA-UCE calificó de «vergonzosas e indignantes» las formas en las que jueces y fiscales «están afrontando la investigación contra la organización», después de que el pasado viernes, la Audiencia Provincial de Badajoz desestimara el recurso presentado por la organización contra el auto de prisión dictado por la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Mérida.