Si todos los musulmanes que viven en Extremadura fundaran una población esta alcanzaría el tamaño de Zafra, con algo más de 15.000 habitantes y, de ellos, unos 3.000 se estarían en edad escolar. Así lo estima la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), cuyo presidente, Riay Tatari, ha reiterado recientemente su reivindicación de que se materialice el derecho a la enseñanza de la religión islámica de las personas que profesan esta creencia y viven en el Estado español. "Actualmente, España cuenta con solo 41 profesores para casi 120.000 estudiantes y ninguno de ellos atiende a los 3.000 que viven en Extremadura", denuncia.

Por ello, la organización que preside se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación extremeña "para contrastar nuestros datos e iniciar las medidas necesarias para llevar a la práctica la enseñanza de la religión islámica en las escuelas". Este derecho, que el Gobierno español reconoció en un acuerdo con la Comisión Islámica de España firmado en 1992 y posteriormente desarrollado en el Convenio sobre la designación el régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza de la religión islámica en España , ahora solo es una realidad en Aragón, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, a las que pronto podrían incorporarse el País Vasco y Cantabria, donde la Ucide ha presentado sendas propuestas.

En total, casi 120.000 alumnos, siempre según los últimos datos facilitados por la Ucide, son musulmanes, pero apenas una cuarentena de profesores imparten esta enseñanza religiosa. De momento, los 3.164 estudiantes extremeños que, según los cálculos de la organización musulmana, profesan esta religión en Extremadura deben formarse en este ámbito fuera de las aulas. Así lo reconoce el presidente de la sección regional de la Ucide e imán de Badajoz, Addel Mohamed Najjar, quien indica que él mismo es el encargado de impartir clases de árabe y cultura islámica en la Mezquita pacense.

Sin embargo, para Tatari esto constituye la pérdida de "una oportunidad de normalizar nuestra vida en España", recordando que lo que solicitan es "un derecho --la libertad religiosa-- de ciudadanos españoles y extranjeros residentes aquí, amparado por la Constitución". Además, indica que en las comunidades donde ya se imparte "tiene mucho éxito, porque favorece la integración, los niños musulmanes no se sienten discriminados respecto a sus compañeros". En consecuencia, no teme el rechazo a la asignatura, "porque cuando la gente ve los resultados, aplaude el cumplimiento de la ley y percibe que se abre una puerta a la convivencia pacífica".

En esta percepción coincide el imán pacense, que reitera que lo que piden es "algo que el Estado español ya ha concedido, no ningún privilegio". Al respecto, indica que se trata de un "derecho reconocido por la ley, pero que no se materializa porque a veces hay lagunas entre la realidad y lo que fija la legislación". Como responsable de las clases de lengua árabe y cultura islámica que se imparten en la Mezquita de Badajoz, destaca que "nadie estará obligado a cursar la asignatura" cuando esta sea una realidad, por lo que no prevé que vaya a provocar ningún rechazo. "Nuestra referencia es el Estado español y la defensa de la igualdad y no tenemos en cuenta a quien no crea en este valor; simplemente respetamos todas las opiniones", sentencia.

´Made in´ Marruecos

Lo más parecido a un profesor de religión islámica, sin serlo, es el maestro de árabe y cultura marroquí con el que cuentan los estudiantes del Colegio Público Gonzalo Encabo, Talayuela. Con más de una tercera parte del alumnado procedente de Marruecos, este centro educativo cuenta desde el 2001 con un profesor de la Fundación Hassan II (que apoya a los emigrantes marroquís), en base al acuerdo formalizado entre esta organización y el Ministerio de Educación español.

Desde el curso pasado el encargado de impartir estas clases Hassan El-Ghayam, que además ejerce de mediador entre la plantilla docente del colegio talayuelano y los padres marroquís, sobre todo aquellos que tienen más dificultades con el español. Su labor consiste en "garantizar la identidad espiritual y cultural de los niños marroquís, a la vez que ayudarle a integrarse en el sistema educativo", explica el maestro. Para ello, imparte una hora semanal de clase a todos los cursos, que coincide con aquella en la que los alumnos españoles cursan religión católica, "pero no porque sea su equivalente islámico, sino para que no pierdan otras horas", apunta el director del centro, Manuel Viva.

Y es que los estudiantes inmigrantes del Gonzalo Encabo también reciben atención especial en las materias instrumentales, que se adaptan a su nivel de aprendizaje a través del Programa de Educación Compensatoria --por el que obtuvieron el Premio Nacional a la Calidad en el 2001--. "Inicialmente, evaluamos el conocimiento del castellano de los alumnos inmigrantes, sus competencias curriculares... y les asignamos uno de los cuatro grupos de compensatoria, al margen de su clase de referencia, a la que acceden en función de su edad". De este modo, se integran con sus compañeros en la mayoría de las clases y salen una hora al día para trabajar de forma más específica en lengua y matemáticas, "hasta que pueden asistir a estas clases también de forma plenamente normalizada".

Además, el centro desarrolla otras muchas actividades encaminadas a favorecer la integración. Ejemplo de ello es su participación en el Programa MUS-E, "que fomenta la interrelación entre los alumnos a través de la danza, el teatro y la música", según apunta la jefa de estudios, Carmen Guerra. De este modo se consigue un buen funcionamiento del centro, que pese a su particular situación no registra grandes conflictos, "aunque siempre hay algún problema", reconocen sus responsables.

Una situación que se repite en el instituto talayuelano, cuyo ambiente es descrito por su director, Roberto Bayón, como de "mutuo respeto" entre las distintas culturas que confluyen en el mismo. Este centro de Secundaria cuenta igual que el colegio de la localidad cacereña con un programa de apoyo a los alumnos inmigrantes, si bien "ningún colectivo ha solicitado un profesor de una religión distinta a la católica", señala.

Sin embargo, como el derecho que constituye, desde la Ucide reiteran la necesidad de contratar profesores que impartan esta materia en Extremadura, sobre todo en municipios que, como Talayuela, presentan una demanda, de acuerdo con el número de alumnos que acogen, más que suficiente. "Nos conformamos con empezar con tres o cuatro profesores en las ciudades más importantes, que supondrían el inicio de la materialización de nuestro derecho y, personalmente, me haría muy feliz", sentencia Tatari.