Tras casi siete años trabajando en Feval, Javier Gijón e Israel Garrido, administrador y auditor interno de la institución, recibieron el pasado viernes su carta de despido. Ambos desvelan en esta entrevista, que de forma consensuada respondió Garrido con matices de Gijón, las razones que a su juicio, llevaron al consorcio, controlado por la Junta, a prescindir de ellos.

--¿A cuánto ascendían esos saldos de caja que veían irregulares?

--Eran cantidades pequeñas, el dinero efectivo de la empresa. Cuadabran con la contabilidad, pero evidentemente, había cantidades y movimientos que no estaban reflejadas. Y no queríamos ser cómplices de esas omisiones, por ello los firmamos con las salvedades.

--¿Más personas lo hicieron?

--Sí, en total cuatro empleados de los cinco del departamento, pero solo a nosotros nos han despedido, aunque todos se negaron.

--¿Por qué solo a ustedes?

--Nos han utilizado como cabezas de turco. Han ido a por los dos que más información manejaban: ante cualquier inspección o auditoría que venga de arriba, somos las más capacitadas para demostrar ciertas cosas.

--¿Qué cosas?

--Preferimos no concretar. Llevamos siete años trabajando en Feval y hemos visto muchas cosas, pero no podemos entrar en detalles. Sí nos consta que ha habido muchas irregularidades. Muchas de ellas las han hecho públicas algunos medios de comunicación o el PP. Pero nos constan otras muchas que ahora están en manos de los abogados.

--¿Lucharán por su puesto?

--Sí. Lo primero que hicimos fue acudir a las tres fuerzas políticas que ahora tienen representación, al PP, a IU y al PSOE. Nos han atendido dos, la otra, imagina cuál, no. No hay un por qué. Solo podemos decir que dos nos han apoyado y lo han manifestado públicamente. También tenemos el apoyo de los sindicatos UGT y CSIF y de los trabajadores de Feval, que solicitan la readmisión nuestra inmediata mediante un documento que ha firmado más del 50% de la plantilla fija. Legalmente lo tenemos en manos de abogados por dos vías. La laboral, porque esto es un atropello y vamos a buscar que ese despido, que ellos mismos reconocen improcedente sea nulo. Es cierto que nos reconocen una indemnización, pero es fácil hacerlo con dinero público. Y también iremos por la vía penal, es un deber de ciudadano cuando ves ciertas anomalías.

--¿No será complicada la situación en la empresa si vuelven?

--Sí, pero es que nosotros no hemos hecho nada. Además, la situación ya era complicada antes, desde hace tiempo. El ambiente ya era complicado, también por el incumplimiento del convenio colectivo. Pero aún así, queremos volver.

--¿Advirtieron alguna vez de que no veían una buena gestión?

--Sí, hemos dicho a los directivos que pusieran freno a ciertas cosas o nos hemos ido negando a otras. Conforme eso ha ido pasando, sobre todo en el último año, se nos han quitado responsabilidades. Pero es que no se pueden cerrar los ojos ante todo. En estos siete años nunca hemos tenido ningún expediente disciplinario, siempre hemos cumplido con nuestro trabajo y creemos que ahora, además, estamos cumpliendo con el deber de ciudadanos: si estamos viendo prácticas que son irregulares en una empresa pública, donde el dinero es de todos, creo que es de recibo denunciar y no plasmar nuestra firma en ningún documento que tenga que ver con ese tipo de actuaciones.