Izquierda Unida Extremadura presentará de "una manera o de otra" una propuesta similar a la aprobada en Andalucía para expropiar a las entidades financieras el uso de las viviendas fruto de los desahucios.

En una rueda de prensa junto al diputado nacional de IU Gaspar Llamazares, el coordinador general de la coalición en Extremadura, Pedro Escobar, ha explicado que están estudiando cómo hacerlo, para ajustarse a la realidad de la región.

En este sentido, ha aclarado que en Andalucía se ha aprobado como un decreto-ley y que en Extremadura habría que usar otra fórmula que podría ser una proposición de ley, con lo que la tramitación sería más larga, ya que además estaría sujeta a enmiendas.

Esta medida, a su juicio, supone un "golpe en la mesa" de IU para parar los desahucios.

Llamazares ha referido a la aprobación por parte de la Comisión de Economía del Congreso, con los votos del PP, de la ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

A su juicio, el Gobierno ha usado la "apisonadora" para evitar la dación en pago, ya que "cierra el paso" a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para sacar una "minireforma" que prácticamente deja las cosas igual.

Escobar ha resaltado que Llamazares fue el primer político que propuso la dación en pago.

Llamazares, por otro lado, ha vaticinado una "drástica" reducción de las futuras pensiones porque el denominado "factor de sostenibilidad" es en realidad un ajuste ligado a la esperanza de vida.

En una rueda de prensa en Mérida, con motivo de la presentación esta tarde en Cáceres de su "Libro Rojo", se ha referido a la reunión que ha mantenido esta mañana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con la Mesa y los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo.

El parlamentario de IU ha explicado que la Comisión del Pacto de Toledo tenía prevista una revisión de las pensiones en función de la esperanza de vida para el año 2027.

El hecho de que el Gobierno de España pretenda discutirlo ahora y aprobarlo antes del verano, significa, a su juicio, que la revisión se van a "adelantar mucho".

El recorte en las pensiones que ha augurado viene determinado por dos aspectos, el primero de ellos porque al anticiparse la revisión se adelanta la edad de jubilación a los 67 años.

Además, la "escala móvil" que une la jubilación a la esperanza de vida "niega", a su juicio, la revalorización automática de las pensiones.

La ministra sólo ha ofrecido una "guinda", la regulación de las pensiones de las personas que han trabajado a tiempo parcial, pero no por generosidad, ha aclarado Llamazares, sino porque el Tribunal Constitucional y el de Luxemburgo han considerado que estaba mal legislado.

Llamazares ha señalado, además, que han presentado una enmienda a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque no se creen la oferta de consenso que ha hecho el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.

Sobre la tramitación de la ley del poder judicial que ha acordado hoy el Congreso, ha advertido de que no se creen al ministro porque cada vez que sale con una actitud de consenso luego les "atiza con un decreto".

De ahí que hayan presentado la enmienda por "suspicacia" y en "defensa propia".

A su juicio, Ruiz-Gallardón persigue una "contrarreforma" en la que su única preocupación es "intervenir en la judicatura" para "vengarse" de las asociaciones judiciales que le han contestado por las tasas y la ley de eficiencia presupuestaria judicial.

Llamazares ha explicado que su libro, de "lectura obligada" para la izquierda, según Escobar, es de "agitación y explicación" ante una crisis que, a su juicio del diputado, se debe a la falta de políticas de igualdad.