Badajoz acogió recientemente la asamblea de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (Cesgar), a la que pertenece la extremeña Extraval. Su consejero delegado y director general es José Manuel Sánchez Rojas.

--¿Qué son las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)?

--Las sociedades de garantía recíproca nacen en España a finales de los setenta y son entidades de carácter financiero, cuyo principal objetivo es avalar las operaciones de crédito de las pymes ante las entidades financieras. Están sujetas al control del Banco de España y del Ministerio de Economía. En el caso de Extraval, fue creada en 1997 y cuenta con dos tipos de socios: los partícipes, que realizan una aportación de capital; y los protectores, entidades de crédito o administraciones públicas que coadyuvan a la realización del objeto social. Al término del 2009, Extraval contaba con 1.003 empresas partícipes, y como socios protectores principales tenemos a la Junta de Extremadura (34,5% del capital social) y a cinco entidades de crédito: Caja Badajoz, Caja Extremadura, Caja Rural de Extremadura, Cajalmendralejo y Caja Duero, que entre todas ellas suman el 45,5% del capital social. Corporación Empresarial Extremeña o Sofiex también tienen participación.

--¿Ha aumentado la actividad de Extraval con la crisis?

--Es algo que hay que resaltar. Esta crisis está poniendo de manifiesto algo que ya se sabía a nivel teórico: que el crédito va detrás del ciclo económico. En las fases de auge contribuye al crecimiento de la economía, y en las fases recesivas la hace caer. Las SGR hemos tenido un comportamiento anticíclico o, por lo menos, no tan cíclico. En el último año, del 2008 al 2009, hay una caída en el crédito dentro del conjunto del sistema financiero, de alrededor del 1,5%, pero el conjunto de las SGR han crecido un 9,5% y en el caso de Extraval un 22,5%. Eso pone de manifiesto que podemos jugar un papel decisivo en las etapas en las que la financiación se restringe, facilitando el acceso de las pymes al crédito. En estas épocas recesivas es cuando tiene más sentido nuestra labor como agentes financieros. Es de alguna manera lo que el Consejo de Administración de Extraval ha entendido, y también nuestro principal socio, la Junta de Extremadura, con la aportación que hizo al fondo de provisiones técnicas al acabar el pasado año, que fue de siete millones y medio de euros. Esta aportación ha servido para fortalecer nuestros recursos propios, hacernos más solventes y, por lo tanto, poder crecer en términos de riesgo vivo con el respaldo suficiente. Actualmente, Extraval es una de las sociedades de garantía recíproca más solventes del conjunto nacional.

--¿Y perciben cambios en el perfil de los empresarios que acuden a Extraval?

--No tanto en el perfil de los empresarios como en lo que respecta a la finalidad de la operación. Ahora hay menos peticiones para formalizar operaciones de inversión nuevas. Se solicitan más operaciones de refinanciación de la deuda ya contraída por las empresas. Se requiere de nuevos plazos o de negociar tipos de interés más favorables, para hacer más llevadera la carga financiera de las empresas. Aquí hay que decir que las SGR son instrumentos para acceder al crédito por parte de las pymes, pero también para obtener mejores condiciones en cuanto a tipos y a plazos.

--¿Están llegando muchas empresas en una situación límite?

--Sí, llegan empresas con bastantes dificultades. Es un reflejo de lo que ocurre actualmente en el mercado.

--¿Qué requisitos se exigen para conceder los avales?

--Nuestros técnicos hacen un estudio de la financiación de una empresa como el que puede hacer cualquier entidad financiera. No hay que olvidar que Extraval responde ante la entidad financiera mediante el aval, de forma que si la empresa no cumple con sus obligaciones, inmediatamente Extraval tiene que pagar. Por lo tanto, debemos de ser rigurosos en cuanto a la viabilidad de la operación y a la capacidad de retorno. Lo que ocurre es que somos más flexibles en la exigencia de garantías. Por otro lado, tal como está recogido en la normativa, cualquier empresa que obtenga un aval de una SGR tiene que ser socio partícipe, y por lo tanto adquirir una participación social que está establecida en un mínimo de trescientos euros.