La Nueva Oficina Judicial (NOJ) de Cáceres, que inicia mañana su andadura, será supervisada hoy por el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, quien valoró ayer a este diario el nuevo modelo organizativo y su implantación.

--La NOJ se considera el eslabón fundamental en el Plan de Modernización de la Justicia, ¿qué sustenta esta afirmación?

--Su principal valor es que constituyen el germen de un sistema de justicia moderno basado en la eficiencia organizativa, la especialización de los órganos y la interconexión de todas las unidades del sistema. Se reducen así las demoras asociadas a la falta de conexión entre los distintos juzgados, se racionaliza la distribución de tareas entre juez y secretario judicial y se obtiene una respuesta más ágil.

--¿Y los beneficios al ciudadano?

--Al descargar al juez del trabajo de gestión y tramitación, y encomendárselo a los servicios comunes, el juez puede dedicarse a celebrar juicios y dictar sentencias, lo que contribuirá a que el número de sentencias dictadas aumente y la Justicia sea más rápida. Además, la nueva estructura responderá a unos mismos criterios en todo el territorio nacional y, por tanto, se fortalece la igualdad de los ciudadanos en el acceso al sistema de justicia.

--Pese a ello no parece que su implantación en Cáceres sea bien acogida por jueces, abogados...

--Lógicamente este cambio implica modificar una inercia largamente arraigada, pero creo que los beneficios superan de largo las dificultades puntuales del proceso. De todas formas, las críticas constructivas que surjan serán bienvenidas y, de hecho, hemos creado diversos canales de comunicación por los que se pueden poner de manifiesto las disfuncionalidades que vayan surgiendo, pues se necesita la voz de los profesionales para solucionar problemas y mejorar el sistema.

--Entonces, ¿no ve justificado el temor que existe de que pueda perjudicar el buen funcionamiento que tiene la Justicia en Cáceres?

--Más que temor, hay un lógico grado de incertidumbre y sobre todo de responsabilidad ante las dimensiones de un cambio organizativo y también cultural sin precedentes en la Administración de Justicia. No debemos olvidar que esto no es un cambio coyuntural, sino una transformación de calado que definirá nuestro modelo de justicia para la próxima centuria. No dudo de que habrá dificultades y fallos puntuales, pero las disfunciones son la prueba palpable de que estamos implantando un nuevo modelo plenamente operativo.

--En Mérida, ¿cómo va la implantación y cuándo estará operativa?

--Buena parte de nuestros esfuerzos en Extremadura han ido destinados al nuevo Palacio de Justicia de Mérida, que supone la construcción de un edificio emblemático, en el que solo en el 2010 invertimos 8,8 millones de euros. Con este esfuerzo, el lanzamiento de la NOJ en Mérida será realidad, con toda seguridad, en el segundo semestre de este año.

--¿Alguna otra actuación prevista para Extremadura a corto plazo?

--Una de las apuestas más firmes del Ministerio de Justicia ha sido, sin duda, Extremadura, donde solo en esta última legislatura hemos invertido 32,5 millones de euros, y para este año y el próximo están previstas inversiones millonarias en nuevas infraestructuras para Badajoz, Almendralejo, Plasencia o Navalmoral, por citar las más importantes.

--Las transferencias, ¿para cuándo?

--Tanto el Gobierno de España como la Junta de Extremadura tenemos el firme compromiso de completarlas cuanto antes. Hemos avanzado mucho y los grupos de trabajo siguen haciendo sus estimaciones. El Gobierno autonómico es un duro negociador, pero hay buena voluntad y objetivos compartidos, por lo que no dudo de que llegaremos a un acuerdo satisfactorio para todos.

--¿Queda aún algún resquicio de problemas pasados, como las huelgas de funcionarios y jueces?

--Hoy nadie duda en el sector de que este Gobierno tiene un compromiso con la modernización de la Justicia. Estamos cumpliendo los compromisos de dotar de más medios y eficiencia a la Administración de Justicia, y ahora todos somos conscientes de que por fin la justicia es una política de Estado, que requiere de un enorme ejercicio de corresponsabilidad y que su mejora no depende de que ganen unos a costa de que otros pierdan. Todos los implicados, incluidos jueces, abogados, secretarios judiciales y funcionarios, están arrimando el hombro para hacer realidad la tan anunciada modernización.