El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Angel Juanes, evitó ayer responder a las duras críticas vertidas por la Junta de Extremadura contra la sala de lo contencioso administrativo de este tribunal por la reciente sentencia que anulaba la concesión de ocho emisoras de Frecuencia Modulada. Además, la sentencia, que ha generado una gran polémica, adjudicaba estas ocho frecuencias a la empresa CBM, propiedad de varios hermanos del alcalde de Mérida, Pedro Acedo.

Así, el vicepresidente de la Junta, Carlos Sánchez Polo, criticó la actitud de la sala, que calificó de "política", y en especial del juez Mercenario Villalba, al tiempo que solicitó el amparo del Consejo General del Poder Judicial por la actitud de estos jueces.

SILENCIO INSTITUCIONAL

Juanes dejó claro ayer, a preguntas de los medios, que, al menos de momento, no va a realizar ninguna declaración ni en el ámbito personal ni en el institucional, aunque dejó entrever que en los próximos días podría emitirse algún comunicado. En este sentido, apuntó que "al día de hoy nuestra obligación es instaurar la serenidad y no contribuir a la crispación".

Ayer mismo la secretaria de Comunicación del PSOE extremeño, Lola Pallero, mostró la discrepancia de su Partido con la resolución judicial del TSJEx, puesto que "atenta contra la pluralidad informativa en la región". Pallero se mostró respetuosa con el hecho de que el tribunal anulase los resultados de la adjudicación, pero "no se entiende que la sala suplante la decisión de la Comisión Técnica de Valoración que adjudicó las emisoras, y decida que ocho de las nueve vayan a un único grupo mediático", informa EP.

Por su parte, el secretario regional del Partido Popular extremeño, José Antonio Monago, tachó ayer de "incompetente" a Sánchez Polo, al tiempo que destacó que la sentencia del alto tribunal extremeño es de extrema gravedad y la primera de este tipo que se registra en España. En su opinión, la forma de actuar del Gobierno regional supone "que si cualquier ciudadano tiene que enfrentarse a la administración tendrá miedo por la prepotencia con la que actúa la Junta".

Y es que el dirigente popular se muestra convencido de que la adjudicación ahora anulada se hizo de forma premeditada y con fines de carácter político.