Desempleados que no pueden cobrar sus indemnizaciones por despido, padres que no pueden inscribir a sus hijos recién nacidos, viudas que están sin cobrar la pensión de su marido por falta del certificado de defunción... Los jueces extremeños alertaron ayer del "colapso total" que están sufriendo los juzgados por la huelga de funcionarios, que ya ha cumplido un mes y sigue sin fecha para su desconvocatoria, y del "perjuicio" que se está ocasionando a miles de ciudadanos por trámites pendientes de cursar.

Solo en Cáceres capital, desde que comenzó la protesta el 4 de febrero con un seguimiento del 100%, los doce juzgados cacereños--los seis de instrucción, Penal, Menores, los dos de lo Contencioso y otros dos de lo Social-- han dejado de tramitar 2.276 asuntos, según el informe elaborado por la Junta de Jueces de Cáceres y difundido ayer a los medios de comunicación. Los juicios suspendidos, por ejemplo, ascienden a 686.

En Badajoz, la situación es similar aunque al día de hoy no se ha contabilizado el número de asuntos afectados, ya que la Junta de Jueces no se ha reunido para estudiar el problema ni está previsto que lo haga.

El juez decano de la capital pacense, Luis Romualdo Hernández, sí confirmó que la incidencia de Cáceres es extrapolable a la de Badajoz, aunque en esta capital el seguimiento es del 95%. "La situación de colapso es idéntica. No se tramita nada salvo las causas con presos y poco más. La paralización es total", manifestó Hernández.

Aunque los servicios mínimos se están respetando, lo cierto es que estos se limitan a actuaciones urgentes en materia penal y a otras tareas residuales. Fuera de estos asuntos no se "tramita nada", apuntó Hernández.

REGISTROS CIVILES La situación de los Registros Civiles es aún más delicada puesto que su funcionamiento tiene una "enorme importancia" en la vida de las personas y experimentan un "grave retraso" en su gestión. "No se puede obtener lo más sencillo, como certificados de matrimonio o de nacimiento", detalló el decano de Badajoz. Este diario ya informó hace días que el pago de los cheques-bebé se estaban retrasando por esta cuestión.

Los jueces insisten en que el parón actual supondrá un retraso de entre ocho meses y un año en la resolución de causas pendientes, como ya adelantó el juez decano de Cáceres, Federico Alba. Esto tirará por tierra el esfuerzo de años de la Administración de Justicia en Extremadura, "una de las regiones que con más celeridad y a tiempo resuelve los asuntos como reconoce el CGPJ", apostillaron los jueces.

En este sentido, los doce magistrados cacereños de órganos unipersonales acordaron por unanimidad "desmentir" los datos de seguimiento que ofrece el Gobierno. "Desde que comenzó la huelga, el 100% de los funcionarios la secundan y esto no admite ninguna matización", dice el acta de la junta.

Los jueces se preguntan, según Hernández, "cómo no ha habido más receptividad por parte del ministerio". "Parece que hay cierta desidia --añadió--, como si la Justicia no fuese un servicio esencial sino de segunda categoría, cuando es un pilar constitucional del Estado de Derecho". En su opinión, concluyó, el "perjuicio" se hace al ciudadano, "a quien tiene que cobrar, resolver un problema de desempleo o hacer una reclamación".