La magistrada titular del Juzgado número 2 de Mérida ha decretado el archivo y sobreseimiento de la denuncia presentada por la Junta sobre posibles irregularidades en el proceso de selección de personal para el 112, según desveló ayer el diputado del PP, Javier Casado. En un auto fechado el miércoles, la juez apunta que no se perciben indicios delictivos que justifiquen continuar con las diligencias.
La denuncia fue presentada en abril, tras sucederse las quejas de que las pruebas podrían estar manipuladas en favor del personal interino del servicio de emergencias. El Ejecutivo regional trasladó la información al fiscal, quien, a su vez, lo remitió a la juez para que se iniciaran las diligencias. Según Casado, la juez requirió a la consejera de Presidencia para que aclarase cuáles eran los presuntos delitos cometidos, quién o quiénes serían los supuestos autores y quiénes los perjudicados. Ahora, el auto será trasladado al fiscal para que se pronuncie sobre si considera pertinente seguir la instrucción o da el caso por cerrado.
DURO DEBATE Este asunto dio pie ayer a un tenso enfrentamiento en la Asamblea, donde se debatía precisamente una propuesta del PP para que se crease una comisión de investigación sobre el asunto.
En la exposición de su petición, Casado acusó a la consejera de Presidencia, Casilda Gutiérrez, de mentir a la Cámara sobre las razones que dieron origen a la denuncia (preguntas que se correspondían a manuales internos del 112) y la composición del tribunal, "puesto que varios vocales no eran funcionarios, sino cargos de confianza política". Además, recordó que el presidente de la Junta se comprometió en mayo a apoyar la comisión de investigación.
Por el PSOE, Luciano Fernández acusó a los populares de urdir una ceremonia de la confusión con vistas a las elecciones del 13-J, y señaló que el PP dijo que pediría una comisión si Gutiérrez no comparecía "y lo ha hecho ya dos veces". Casado, entonces, afirmó que negar la investigación es un intento de que no aflore la corrupción. Por su parte, Teresa Rejas, diputada de IU, apoyó la comisión "porque ya no hay proceso judicial que justifique una negativa".
En ese momento intervino el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien pidió al PP que explicase si quería investigar a los tribunales o a quienes los nombraron, y añadió que "si me presentan una prueba de que algún consejero ha interferido en los procesos de selección, tendrán un doble trofeo: la comisión y el cese del consejero". Además, afirmó que el auto del juez deja claro "que no hay ni pruebas ni indicios de delito".
Carlos Floriano, presidente del PP, acusó a Ibarra de usar a la consejera "como burladero" y ser responsable "de un proceso sucio".
Finalmente, la comisión de investigación fue rechazada con los votos del PSOE.
