El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres ha asumido el caso del funcionario de la Junta de Extremadura acusado de pornografía infantil a través de internet. Se dudaba si la titular de este juzgado lo remitiría o no a la Audiencia Nacional, encargada de la causa derivada de la operación que la Policía Nacional está llevando a cabo en diferentes provincias españolas contra la pedofilia, pero según pudo saber ayer este diario ha decidido hacerse cargo.
Fuentes de la fiscalía confirmaron a EL PERIODICO que a I. B., funcionario de la Junta y trabajador en Cáceres en un servicio de la Consejería de Bienestar Social relacionado con la discapacidad, se le tomará declaración en el Juzgado número 3 de Cáceres. "La juez ha decidido recibirle declaración y solo después, dependiendo de lo que se derive de ella, decidir si se inhibe o no a favor de la Audiencia Nacional", indicaron.
Y es que I. B., que fue detenido el pasado miércoles dentro de la operación que la Policía Nacional mantiene abierta en toda España y en la que ya hay varias decenas de personas detenidas, está acusado de bajarse de la red películas pornográficas de menores y de contenido "aberrante", pero hay que saber cuál es su grado de implicación.
"Si la causa la instruye un juzgado de aquí o la Audiencia Nacional dependerá del grado de implicación de este acusado en el caso, de si solo es receptor de este tipo de pornografía o también distribuidor", señalaron las fuentes consultadas.
Por el momento este cacereño se encuentra en libertad a la espera de pasar a disposición judicial, lo que podría producirse el lunes como muy tarde.
