La juez del caso UPA-UCE Extremadura ha solicitado una garantía a la organización de 5,4 millones, que deberá hacerse efectiva en los próximos días. Se trata del juzgado número 1 de Mérida que instruye el caso de presuntos delitos contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales de esta organización agraria.
Por lo que ha trascendido judicialmente, la juez da un plazo de una semana para hacerla efectiva o, de lo contrario, procederá al embargo o inmovilización de todas las cuentas bancarias tanto de los imputados como de la propia organización.
Sin embargo, la asociación agraria afirma que no tiene constancia de ninguna notificación y considera que "volvemos a ser los últimos en enterarnos de los pasos que está dando el Juzgado, pese a ser los principales afectados".
Además, resalta que de confirmarse "la exigencia de afianzar la cantidad de 5,4 millones de euros, desde la organización ponemos de manifiesto que vamos a recurrir el auto, porque se conocen perfectamente los recursos y el patrimonio de la organización: “Es imposible que podamos hacer frente a semejante cantidad”.
