Tres días tienen los investigados por el caso de UPA-UCE para reunir 5,4 millones de euros. Es la fianza que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida ha impuesto a siete de los acusados por el supuesto entramado de financiación ilegal de la organización agraria a través del desvío de fondos de subvenciones de la Unión Europea y la Junta.
El auto de la juez que instruye el proceso establece el pago de esta cantidad como medida cautelar con el fin de garantizar las responsabilidades civiles y pecuniarias que puedan derivarse del proceso judicial abierto, en el marco de la operación Tellus. Esta fianza no tiene nada que ver con la puesta en libertad de dos de los investigados, que continúan en prisión desde el pasado 5 de noviembre.
En realidad es la forma de anticipar el cumplimiento del pago de la indemnización en el caso de que se produjera finalmente una condena firme. Esta cantidad, los 5,4 millones de euros, se calcula en función del dinero que ha podido ser defraudado presuntamente por los dirigentes de la organización agraria, aunque de forma habitual la fianza es mayor que el presunto desfalco. Según explican fuentes judiciales, en estos casos la fianza se incrementa un tercio por si finalmente la indemnización fijada fuera mayor. Las investigaciones de la Guardia Civil establecen en cerca de cuatro millones de euros el presunto fraude de UPA-UCE entre los años 2010 y 2015.
a SIETE INVESTIGADOS/ En concreto, la juez reclama esos 5,4 millones a la organización agraria y a siete de los investigados por la trama: Juan Miguel Apolo, Maximiano Alcón, Ignacio Huertas, María Antonia Alcalá, José Cruz, Miguel Leal y Gervasio Martínez, según fuentes judiciales. Todos ellos fueron detenidos al principio del proceso, excepto Martínez que fue arrestado posteriormente, pero solo Huertas y Alcón permanecen en prisión de forma provisional con el argumento de evitar que puedan entorpecer la investigación. El resto fueron puestos en libertad con cargos aunque están siendo investigados, junto a otros, por presuntos delitos como falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y/o pertenencia a organización criminal. No aparece en el último auto Ignacio Trejo, técnico en la oficina de Talayuela, que también fue detenido y puesto en libertad posteriomente en los primeros arrestos de la operación Tellus.
La medida impuesta por el juzgado es un paso habitual en este tipo de procedimientos y se basa en el principio de solidaridad, es decir, que esos 5,4 millones pueden ser aportados por uno de los citados o por todos ellos.
PAGO CON FLEXIBILIDAD/ Aunque el auto fija que la cantidad debe estar en el juzgado en el plazo de tres días, hay flexibilidad en el pago puesto que el abono puede realizarse de distintas formas: en metálico, aval bancario, transferencia,... En el caso de que el dinero no llegue al juzgado, se procedería al embargo de bienes de los investigados y de la propia organización por el valor de la fianza impuesta.
Y eso será lo que presumiblemente ocurra, puesto que desde UPA-UCE señalaron ayer que «es imposible que podamos hacer frente a semejante cantidad», aseguran desde la organización. Insisten en que el patrimonio y los recursos de UPA-UCE «se conocen perfectamente» y anuncian que recurrirán el auto cuando tengan conocimiento de la notificiación judicial. Porque esta es otra de las críticas de la asociación agraria: «volvemos a ser los últimos en enterarnos de los pasos que está dando el juzgado pese a ser los principales afectados». Asegura que ayer no habían recibido ninguna notificación o comunicación del auto y tachan de «desproporcionada» la actuación de la justicia con la organización.
«No entendemos que se califique esta como una medida cautelar ya que se trata de una agresión definitiva a la organización agraria que, recordemos, tiene encomendadas funciones constitucionales, siendo la más representativa de Extremadura». Además, critica que con esta última actuación se estaría tratando de condicionar o expulsar a UPA-UCE del nuevo proceso de elecciones al campo previsto para el próximo mes de marzo y que no se celebran desde hace quince años. Insiste además que con esta medida «se estarían excediendo de facto en la labor instructora y pretendería determinarse la condena obviando la presunción de inocencia».
La organización extremeña recuerda además que sigue sin resolverse el escrito de personación que presentó la semana pasada a través de su abogado.
