Once de los 14 detenidos por la Guardia Civil en la operación que ha desmantelado en Extremadura una presunta red internacional dedicada a la prostitución están en libertad provisional, algunos de ellos bajo fianzas altas. La juez de Instrucción de Llerena ha decidido que permanezcan en prisión dos españoles y un rumano, a los que se les imputan supuestos delitos contra el derecho de los trabajadores, detención ilegal y aborto.

Por otra parte, hay nuevos imputados en el caso, algunos de los cuales también se encuentran en prisión por otras causas, según indicaron ayer a este diario fuentes cercanas a la investigación, que aseguraron que existen cinco testigos protegidas. En cuanto a los españoles detenidos, están relacionados con el local de alterne Arango, de Llerena (Badajoz), mientras que el rumano estaba vinculado al club La Viña, de Quintanar de la Orden (Toledo).

DETENCIONES DESDE DICIEMBRE

La operación comenzó hace casi un año, a raíz de las denuncias de dos prostitutas, de Llerena y Valencia de Alcántara, contra los locales de Badajoz y Toledo. Tras varios meses de investigaciones, la Guardia Civil inició las detenciones el pasado mes de diciembre, en total 14 (siete españoles y siete extranjeros), en los dos locales citados, además del club Tu y yo de Malpartida de Plasencia.

Las investigaciones, que continúan abiertas todavía, descubrieron una presunta red que se dedicaba a la prostitución de mujeres procedentes de Brasil y Rumanía, que eran atraídas hacia España mediante situaciones de engaño o aprovechándose del estado de necesidad en el que éstas vivían en sus países de origen. Así, el grupo contaba con diversos contactos en los citados países que eran los encargados de proporcionarles mujeres jóvenes.

No obstante, según indicó ayer el abogado defensor de los dos detenidos en Malpartida, Angel Luis Aparicio, no existe ninguna relación entre el club cacereño y los otros dos locales, "y mucho menos con la supuesta red de prostitución, por ello mis clientes están en libertad y uno de ellos ni siquiera tiene que comparecer cada quince días". La intervención de la Guardia Civil se debió, aseguró el letrado, a que uno de los trabajadores del club de Llerena lo había sido antes del local cacereño.

Por su parte, Juan Carlos Iglesias, abogado defensor de los detenidos en Toledo (un español y dos rumanos) manifestó que "no existe la presunta red de prostitución" y argumentó que hay declaraciones juradas de las mujeres en las que aseguran que ejercían la prostitución voluntariamente".

En este sentido, el letrado cacereño insistió en que uno de los rumanos detenidos en la operación se dedica a la venta de productos de cosmética y ropa, "y también existen declaraciones juradas de las chicas que dicen que esta persona sólo les vendía ropa". Además, Iglesias aseguró que en el local de Toledo "si ha ocurrido algo, ha sido sin el conocimiento de los dueños del establecimiento".

El abogado también incidió en que podrían haberse presentado denuncias contra la Guardia Civil por supuestas coacciones por parte de los agentes a algunas mujeres en sus declaraciones.