El juez titular del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres ha emitido un auto en el que se muestra convencido de la inconstitucionalidad de la Ley de Colegios Profesionales de Extremadura, por lo que ha decidido remitir el texto legal al Tribunal Constitucional --institución presidida por Manuel Jiménez de Parga-- para que sea este órgano judicial el que se pronuncie.

El auto, hecho público ayer por el portavoz del PP, Javier Casado, explica que fue la Fiscalía cacereña la que recomendó la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. En este sentido, el tribunal estima que el artículo 17 de la norma, que exime de la colegiación obligatoria al personal de la Administración, "supone una extralimitación competencial por ser la dispensa de colegiación competencia del Estado", una afirmación que el auto basa en otras sentencias del Constitucional.

DECISION FINAL

Con todo, el juzgado cacereño decide, en un auto aprobado el 17 de octubre, "someter al análisis del Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad del inciso ´o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas´ del artículo 17 de la Ley de Colegios y Consejos Profesionales de Extremadura por considerarlo contrario al artículo 149.1.18 de la Constitución Española".

Para Javier Casado este auto "demuestra la incompetencia de la antigua consejera de Presidencia", señaló en referencia a María Antonia Trujillo, actual titular de la Consejería de Fomento, ya que en este caso no se puede hablar de intencionalidad política al ser un juez y no un partido político el que duda de la constitucionalidad de la ley extremeña. A su juicio, la norma, en vigor desde el 29 de diciembre del año pasado, puede causar perjuicios económicos a cientos de extremeños que desde entonces decidieron dejar de pagar las cuotas de sus respectivos colegios.

Mientras, la Junta cree que Casado se "precipita" en su interpretación, ya que entiende que el auto no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto de forma expresa sino que ha suspendido la resolución del recurso hasta que el Tribunal Constitucional se posicione al respecto acerca del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno. Así, añade el Ejecutivo regional que los populares han cometido "una grave irresponsabilidad al tergiversar el sentido del auto en su beneficio".

Este auto se suma al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central el pasado 28 de febrero contra la ley extremeña y admitido a trámite.