La jueza de Instrucción número 2 de Majadahonda ha enviado a prisión incondicional sin fianza a los cuatro principales implicados en la red de fraude de la cadena de clínicas odontológicas Vitaldent, entre ellos su propietario, Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conde. La medida se ha tomado a instancias del fiscal anticorrupción después de que la jueza haya tomado declaración a los principales responsables del fraude millonario destapado el martes por la Policía Nacional.

Sin embargo, representantes de Vitaldent han asegurado que todas las clínicas mantienen una actividad diaria "absolutamente normal", tanto las 139 propias como las 217 gestionadas mediante franquicias, y han garantizado a sus pacientes la continuidad de todos sus tratamientos "al margen del proceso judicial" que hay abierto. Así lo ha afirmado Ana Caspistegui, directora de Opendent, unidad que gestiona las clínicas propias de la marca. "Hay un proceso judicial abierto pero está al margen de nuestra actividad diaria, que está garantizada en el mismo horario y condiciones que tenemos habitualmente", ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de sus oficinas centrales en Las Rozas. De hecho, defendió que son "una compañía que presta servicios de calidad" y "en ningún momento" quieren que "se vean comprometidos", destacó y recordó que Vitaldent ha puesto a disposición de todos sus clientes un teléfono (900111003) para "resolver cualquier duda que puedan tener".

Diez de los trece detenidos en el marco de la operación Topolino contra el blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública declararon ayer ante el juez después de que los otros tres arrestados fueran puestos en libertad con cargos por la policía.

PETICION DEL FISCAL La Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión provisional para los tres principales implicados, confirmaron confirmado fuentes jurídicas. La medida cautelar afectaba a Ernesto Colman; el vicepresidente de la compañía, Bartolo Conte, Javier Artega y Nicolás Sisinni, que han sido los primeros de los 13 detenidos a los que la jueza ha tomado declaración en el marco de la causa iniciada a raíz de la denuncia de los franquiciados. Colman se acogió a su derecho de no declarar, pero sí lo hicieron Conte Arteaga y Sissini. Los investigadores cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.