El Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo ha cerrado ya la investigación por el ´caso del higo seco´ que inició hace casi un año, y acordado la apertura del juicio oral en esta causa, en la que se encuentran imputados el exdirigente agrario Luis Cortés Isidro y José Javier García Cuadrado, expresidente de la Cooperativa Iniciativa Rural.

Se les acusa de un delito de fraude a la hacienda de las comunidades en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por los que cada uno de ellos se enfrenta a una petición de condena de 4 años de prisión.

En el auto dictado por la juez titular de dicho juzgado se ratifica la libertad provisional de los dos acusados, pero se requiere a ambos el pago de una fianza de algo más de 1,6 millones de euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, con el apercibimiento de que de no presentarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar esta suma".

JUICIO Y POSIBLES PENAS Al mismo tiempo, y ante la solicitud expresa de la representación procesal de Iniciativa Rural Sociedad Cooperativa de que se exija fianza por cuantía de 208.498 euros a las entidades Caja Rural de Extremadura y Coag, como responsables civiles subsidiarios, la juez requiere a cada una de ellas que presenten una fianza de 104.244 euros, "sin perjuicio de que proceda dejar sin efecto la misma si los acusados resultan solventes", se matiza.

El órgano competente para juzgar y sentenciar esta causa es el Juzgado de lo Penal de Cáceres, al que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo remitirá en breve las diligencias para que señale la fecha para la celebración del juicio oral.

Luis Cortés y García Cuadrado se sentarán en el banquillo de los acusados para responder de los delitos de fraude a la hacienda de las comunidades y continuado de falsedad documental de los que se les acusa y por las que se enfrentan a cuatro años de cárcel, pena que como ya adelantó EL PERIODICO solicitan para cada uno de ellos todas las partes implicadas en el proceso.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita para cada uno una una multa de 628.000 euros, así como que indemnicen al FEGA, organismo dependiente de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con algo más de un millón de euros "por la totalidad de la cantidad cobrada indebidamente a través de la Junta de Extremadura", y siendo responsables civiles subsidiarios SAT Horr, SAT Lácteas Villuercas (ambas sociedades de Luis Cortés) e Iniciativa Rural Sociedad Cooperativa.

Por el letrado de la Junta de Extremadura se solicita para los acusados, además de los 4 años de prisión, una multa de sextuplo de la cuantía defraudada (se estima en un millón de euros) y el pago de una indemnización conjunta y solidaria de 1.452.287,40 euros a la Junta "por ser lo adeudado"; y por el abogado de la Sociedad Cooperativa Iniciativa Rural se fija como responsables civiles subsidiarios a la Caja Rural de Extremadura e Iniciativa Rural-Coag, pidiendo una fianza de 208.488 euros.