Dos altos cargos y un técnico de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura se enfrentan a penas de prisión, elevadas multas y la inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y continuado de falsedad documental.

El proceso que ha llevado a Diego Mostazo López, director general de Personal Docente de la consejería; Emilia Guijarro Gonzalo, directora provincial de Educación en Cáceres; y Fernando García Sánchez, jefe del Servicio de Administración de Personal Docente, ante la justicia se inició a finales del 2001, cuando una profesora se querelló tras perder una interinidad.

María Teresa Martín de Benito, que había cubierto una plaza de docente en Educación Física en el Colegio Gabriel y Galán de Cáceres durante cuatro años, fue relevada cuando se transfirieron las competencias de Educación al Gobierno regional.

Según consta en el expediente judicial del caso al que ha tenido acceso EL PERIODICO, su plaza le fue retirada a favor de otro docente con, supuestamente, menos méritos, por lo que la querellante, y así lo pone de manifiesto la acusación en las diligencias previas de la instrucción judicial de este caso, estima esta resolución "injusta y arbitraria" y aprecia en ella, incluso, una "clara persecución personal".

Pese a que la defensa de los tres imputados, ejercida por los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura, ha argumentado, entre otras cuestiones, que las decisiones tomadas por estos responsables de la Consejería de Educación "se han llevado a cabo en base a la forma de actuación normal en estos casos"; y que incluso el fiscal ha solicitado que se decrete el archivo de las actuaciones, "por entender que los hechos objeto de la querella no son suceptibles de infracción penal alguna", el proceso judicial sigue adelante. Diego Mostazo, Emilia Guijarro y Fernando García tendrán que ir a juicio.

MEDIDAS CAUTELARES El Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida, en su auto de fecha 9 de octubre del 2003 --contra el que no cabe recurso--, acordó la apertura del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal de Mérida y formuló acusación contra Diego Mostazo por los delitos continuados de falsedad documental y prevaricación administrativa, contra Emilia Guijarro y Fernando García por el delito continuado de falsedad, y contra la Junta de Extremadura como responsable civil subsidiario.

Además, a la espera del correspondiente juicio, en el mismo auto también se acordaron ciertas medidas cautelares: la libertad provisional de los tres acusados con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado y el pago de una fianza de 6.000 euros cada uno. Los 18.000 euros de fianza requeridos fueron ingresados por la Junta con fecha 21 de octubre. El siguiente paso será el juicio.