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TAMBIEN SE LE CONDENA, JUNTO AL JEFE DE SERVICIO DEL AGUA, A MULTA DE 1.080 EUROS POR USURPACION

El juez inhabilita al exsecretario de Fomento por prevaricación

La condena es por autorizar un trasvase sin realizar antes las expropiaciones. La consejería hizo las obras sobre suelo que el Supremo había declarado privado

 

Antonio Pablo Sánchez, en una entrega de premios. - Foto:JUNTA AL DIA

A. FERNANDEZ
20/12/2011

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a Antonio Pablo Sánchez Lozano, secretario general de la Consejería de Fomento la legislatura pasada, a siete años de inhabilitación para ostentar este cargo público u otro de similar responsabilidad. Los jueces de la Sección Segunda le han declarado culpable de un delito de prevaricación y otro de usurpación por ordenar en el 2009 la realización, por la vía de emergencia, de un trasvase del embalse de Nogales al de Alcuéscar ante el riesgo de desabastecimiento de agua que sufrieron en la primavera de ese año varios municipios de la Mancomunidad de Ayuela. Según la sentencia, Sánchez Lozano autorizó estas obras sin iniciar antes el correspondiente expediente de expropiación de los terrenos privados afectados. Y lo hizo siendo conocedor, además, de que el Tribunal Supremo había reconocido a la propietaria de una de las fincas sus derechos sobre parte del suelo por el que debía realizarse la nueva canalización.

El caso se remonta al 2009, cuando la falta de precipitaciones amenazó con dejar sin agua a los municipios de Albalá, Alcuéscar, Aldea del Cano, Arroyomolinos, Casas de Don Antonio y Montánchez. Como solución, la Consejería de Fomento propuso un trasvase (desde el embalse de Nogales al de Alcuéscar), previo informe del jefe del Servicio del Agua de este departamento, Juan Cerrato. En ese documento se advertía de que uno de los propietarios de los terrenos había presentado una demanda en los tribunales por la instalación de una canalización similar en el 2006, lo cual podría repetirse en esta ocasión y "producir la paralización de las obras por decisión judicial".

Pese a ello, Sánchez Lozano dictó el 17 de abril del 2009 la resolución para iniciar por la vía de emergencia las obras de abastecimiento de la Mancomunidad de Ayuela. Nada se decía sobre la necesidad de expropiar terrenos. Los trabajos comenzaron el 4 de mayo. Sin embargo el secretario general de Fomento no firmó la declaración de ocupación urgente del suelo hasta el 26 de junio, es decir, un mes y medio después. Para entonces las obras ya habían acabado, según la sentencia.

A juicio de la Audiencia Provincial, esto constituye una ilegalidad, al ocuparse los terrenos sin iniciar previamente el proceso de expropiación. Pero es que, además, parte de esa superficie estaba en una situación especial, en concreto bajo un conflicto entre la propietaria de una finca y la Junta. Porque en 1985, la Administración regional había expropiado casi 100 hectáreas, hoy propiedad de María Luisa Lillo, para construir la presa de Nogales y poner en riego 310 hectáreas. Pero como el Ejecutivo no llegó a realizar esa conversión --solo hizo el embalse--, la afectada solicitó que le devolvieran (reversión) los terrenos. La Junta se negó y Lillo recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que le dio la razón en 2004. Los posteriores recursos de la Administración no salieron adelante y el Tribunal Supremo confirmó, en 2008, que el suelo debía ser restituido a su propietaria.

VUELTA DE TUERCA Para entonces la situación ya se había enquistado más aún al realizar la Junta un primer trasvase, en el 2006, ocupando los terrenos de la finca de María Luisa Lillo. Dos años después, ella solicitó la retirada de las canalizaciones, dado que la situación de emergencia por desabastecimiento había desaparecido. Pero la Administración volvió a negarse y ello originó otro recurso judicial.

Según la sentencia, de todo ello y de la indisponibilidad de los terrenos para uso público --debido a la sentencia del Supremo-- era consciente el secretario general de Fomento cuando autorizó las obras en el 2009. Por ello la Audiencia revoca ahora la absolución inicial dictada en mayo por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres y condena a Sánchez Lozano por un delito de prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta). Además, le impone una multa de 1.080 euros por usurpación, el mismo delito y sanción que decreta para el entonces jefe de Servicio del Agua, Juan Cerrato. Y, sin que quepa lugar a recurso, ordena la restitución de los terrenos a su situación anterior al inicio de las obras.

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21 Comentarios
21

Por INJUSTICIA 23:50 - 20.12.2011

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Yo también me pregunto por qué de 99 afectados por las obras sólo ha protestado 1, y además algún juez le ha dado la razón quitándosela al mismo tiempo a otro juez?? qué raro!! será que ha tenido algún trato de favor este terrateniente?? Por favor, que los 8000 habitantes que gracias a estas obras pudieron tener agua en verano alcen la voz, si hubiera sido al contrario seguramente lo habrían hecho.Esto no puede quedar así.

20

Por la absolución! 22:34 - 20.12.2011

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¡inocente, inocente! (recurrir hasta el final ... hasta el rabo todo es toro)

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Por Encarna Rabanal 20:41 - 20.12.2011

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No estoy de acuerdo con la sentencia ya que la urgencia de la obra era clave para el abastecimiento de agua de la zona.Este señor hizo lo que tenía que hacer por el bien de los pueblos que iban a quedarse sin agua.Yo hubiera hecho lo mismo.

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Por La que se avecina 19:41 - 20.12.2011

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Desde luego los jueces conocen perfectamente todos los entresijos administrativos y burocráticos de la ejecución de obras. ¡Brindo por ellos! Ya sé qué voy a estudiar!!!!!!!!!!!!

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Por valentina 19:35 - 20.12.2011

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Por unnnmmmm! Ya que se te ve tan instruido...¿Sabes qué es una "obra de emergencia"? ¡Entérate, la ADMINISTRACIÓN en ese aspecto lo tiene claro: DECLARACIÓN DE EMERGENCIA! *Si mañana viene un ciclón, esperamos tres meses a recoger los árboles tirados, mover a niños menores de edad...¿¿??

16

Por derecho 19:24 - 20.12.2011

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Desproporcionado y sin posibilidad de apelación

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Por ummmm 17:24 - 20.12.2011

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A ver si de una vez, la gente se entera, que hay que seguir las normas fijadas para todos, que no vale cualquier forma aunque sea un buen fin, para ser alto cargo que poco conocimiento del procedimiento administrativo a seguir, eso pasa por chapuzassss, con la de asesores que paga la junta de extremadura con el dinero de todos, sin que valga para mucho, me parece bien que si se equivocan los condenen, y ahora el dinero que va ha costar a las arcas públicas una mala gestión de un alto cargo, que se le reclame al citado señor, para que todos los empleados públicos conozcan, que cada uno debe asumir los costes de sus errores profesionales, como en las profesiones en el ámbito privado.

14

Por valentina 16:50 - 20.12.2011

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¿Qué juez ha dictado esta sentencia? Debe ser amigo del que dijo que llamar "zorra" a una mujer no era un insulto, sino destacar su cualidad de ser astuta. ¿¿??

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Por mariafelisa 16:45 - 20.12.2011

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¡Claro como ellos tienen una presa llena de agua en su finca, para qué necesitan dar permiso para que pase una tubería y le de agua (en verano) a 5 o 6 pueblos!

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Por mariafelisa 16:41 - 20.12.2011

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Yo como funcionario no voy a llevar ni un papel de un lado a otro, no sea que el juez me meta el cuerno y diga ...que he pisado el bordillo de entrada de una casa. ¡Ozú,Su Excelencia!