La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha desestimado la querella presentada por el PSOE contra el exdiputado extremeño y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Luis Ramallo, por su presunta implicación en el escándalo denominado caso Gescartera que estalló el 15 de junio del pasado año.

En el auto judicial se indica que no existen en este momento "datos suficientes" para la imputación penal de Ramallo, por lo que éste no será citado como imputado y ni siquiera tendrá que declarar sobre la denuncia, que también se extendió a otros exdirectivos de la CNMV.

La querella socialista acusaba al exvicepresidente del Mercado de Valores de delitos como uso de información privilegiada, tráfico de influencias, falsedad, negociaciones prohibidas a los funcionarios, prevaricación y falso testimonio.

CONFIANZA EN LA JUSTICIA

Sobre este asunto, Ramallo declaró ayer a EL PERIODICO que desde el principio "confié en que la Justicia pondría las cosas en su sitio". El exdiputado comentó que "ya dije que las cosas terminarían yendo al sitio al que debían ir".

Por ello, manifestó que "los que dijeron de mi lo que dijeron, y los que se prestaron a la manipulación, deberían ahora pedir perdón".

Respecto al hecho de que el PSOE haya presentado recurso contra su exculpación, Ramallo manifestó que "quien mete la pata como la han metido ellos, no rectifica, sino que insiste en esa metedura de pata".

REGALOS E INCOMPATIBILIDAD

El caso Gescartera estalló ocho meses después de que Ramallo abandonase la vicepresidencia de la CNMV para ejercer como notario. El exdiputado extremeño se vio salpicado al comprobarse que había recibido regalos de Antonio Camacho --dueño de Gescartera-- por valor de 18.700 euros, entre los que se encontraban 7 pañuelos de seda valorados en 1.600 euros, dos billeteros que costaron 2.200 euros, dos relojes tasados en 2.900 euros, una maleta valorada en 715 euros, un reloj de 12.000 euros (que luego sería cambiado por unos pendientes), y unos gemelos cuyo precio es de 680 euros.

Además, se acusó a Ramallo de actuar como notario para Gescartera sin respetar la norma de la CNMV por la que sus responsables no pueden llevar a cabo actuaciones profesionales relacionadas con los mercados de valores en los dos años siguientes a haber cesado en el cargo.