El juzgado que investiga el presunto fraude de la Hacienda de Irún (Guipúzcoa) ha ordenado que se paralice la ampliación de capital en el Hotel y Spa Túnel del Hada, situado en el Valle del Jerte y administrado por el principal imputado en este caso, José María Bravo.

En un auto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún se opone a esta ampliación que pretendía la entrada de nuevos socios en la entidad Túnel del Hada S.L., ya que "puede resultar en detrimento" de la capacidad de hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de los imputados en este caso. El juez ordena que se paralice la operación hasta que no se presente ante el juzgado un informe del interventor judicial "con los detalles" de la ampliación y "sus consecuencias en el patrimonio" de los procesados, "cuyas participaciones en la empresa Túnel del Hada S.L. se encuentran embargadas". Bravo, ex director de la delegación de la Hacienda de Guipúzcoa en Irún, está en libertad bajo fianza desde el pasado 2 de octubre, tras pasar más de un año en prisión.

Están acusadas otras cuatro personas: su esposa, María Rosa Cobos; María Pilar Gracenea, amiga de ambos y funcionaria de Hacienda; Pedro María Atristain, socio de José María Bravo, y el decorador José Lamy.

En la fase de instrucción, también ha declarado como procesado Juan Pardo San Gil, el inmediato superior de José María Bravo. Tanto Gracenea como Atristain compartían con Bravo la titularidad de algunas de las empresas de las que presuntamente se sirvió el principal inculpado para encubrir la procedencia ilícita del dinero obtenido gracias a este presunto fraude, que la Diputación de Guipúzcoa sitúa en 8,1 millones de euros. La estafa consistía presuntamente en cobrar diferentes cantidades a contribuyentes morosos, que podrían sumar cerca de 1,8 millones de euros, que no habrían sido ingresados en Hacienda, sino en cuentas corrientes a nombre de los inculpados.