La titular del Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz acordó ayer posponer el juicio por el mayor fraude de IVA conocido en Extremadura, que con nueve acusados debía comenzar el próximo 29 de enero, accediendo así a la petición de dos letrados que acaban de hacerse cargo del caso tras la renuncia de dos acusados a sus defensores, para que puedan estudiarlo. Tendrá lugar los días 23, 24, 26 y 27 de abril. Otra posible causa de suspensión fue la ausencia de un acusado, pero se comprobó que la notificación se hizo en regla y que la vista podía continuar sin él.

El juicio contra Juan D. G, Andrés C. R., Juan José L. A., Juan D. P., Luis P. P. --ausente ayer--, Gabriel Manuel S. T., Vicente E. F., Joaquín T. F. y Natalia S. A., acusados de haber defraudado a la hacienda pública 45 millones de euros y de otros delitos, hasta 25 entre todos, cometidos presuntamente entre el 2000 y el 2002 --por falsas operaciones comerciales realizadas entre Badajoz, Olivenza, Portugal y otras ciudades españolas--, se desarrollará en cuatro sesiones: la primera como vista preliminar y para la declaración de los acusados, la segunda para la declaración de los testigos, la tercera para los peritos y la cuarta para la presentación de conclusiones e informes.

El fiscal solicita penas de entre dos y 13 años de prisión que suman 41,5 en total y el pago en concepto de multas y responsabilidad civil de 310 millones entre todos. Los acusados permanecen en libertad provisional desde el inicio de la causa que instruyó el juzgado número 1 de Olivenza, tras la denuncia de la Agencia Tributaria en febrero del 2004, y que dictó auto de apertura de juicio en octubre del 2005. En el mismo se recogió una rectificación de la Abogacía del Estado sobre la atribución de dos delitos, en vez de uno a uno a un acusado, que fue aceptada.

MANIOBRAS DILATORIAS La jueza, una vez establecidas las fechas del juicio, avisó a todas las partes de que no permitirá "más renuncias, ni se podrá suspender el juicio ante maniobras dilatorias, que sin bien resultan positivas a corto plazo, a medio plazo es horroroso, porque el juicio se celebra finalmente y los hechos están ahí, y se analizará si se suma a los delitos el de fraude procesal".

Varios abogados de la defensa expresaron a este diario que en el juicio plantearán que este juzgado no es competente para juzgar el caso, sino la Audiencia Nacional, "porque por estos hechos se llevan diligencias en juzgados de siete provincias y hay hechos cometidos en Portugal", según el letrado Manuel Bardají.