El catedrático de Economía Aplicada de la Uex Julián Ramajo analiza algunas de las cuestiones económicas que en estos momentos oscilan en torno a la financiación autonómica, así como ciertas propuestas del nuevo presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

--Entre pensionistas y funcionarios en Extremadura hay más de 300.000 personas que cobran de las arcas públicas. ¿Es un modelo sostenible?

--La relación de perceptores de pensiones respecto al número de cotizantes a la Seguridad Social en la región está en torno al valor crítico de sostenibilidad del sistema. De momento, la viabilidad económica está garantizada. Ahora bien, en condiciones más desfavorables de empleo, y teniendo en cuenta que la economía pasa por uno de los ciclos expansivos más largos de la historia, la situación sería distinta. En todo caso es necesario acometer reformas para garantizar a largo plazo la viabilidad del sistema. Respecto al empleado público, su número y peso en la economía extremeña es muy superior a la media nacional, pero en este caso el problema es de productividad. Son realmente necesarios, ya que proporcionan servicios que la sociedad demanda, pero es un hecho reconocido que la productividad del empleado público es menor que en el sector privado. Cuánto mayor es el número de empleados públicos en un economía, como ocurre en Extremadura, menor es su productividad agregada en la región.

--En los últimos años la región ha reducido el paro, ¿se ha sobredimensionado el logro a través del empleo público?

--Sería injusto decir que el aumento del número de empleados en Extremadura se ha debido sólo al empleo público generado por el proceso de descentralización; ese fenómeno ha sido homogéneo a nivel nacional. Puede decirse que en la última década se ha reducido considerablemente la tasa de paro regional, aún sin incluir el sector público. Ahora bien, sigue siendo una de la comunidades con mayor número de desempleados, por lo que hay que perseverar en el intento de generar empleo y sobre todo empleo privado más que público, ya que sería insostenible para cualquier economía aumentar el número de empleados de forma artificial sobredimensionando el sector público frente al privado.

--¿El envejecimiento de la población hará que la región tenga mayor dependencia del sistema de solidaridad territorial?

--La dependencia de la región de la solidaridad externa, vía fondos interregionales o de ayudas europeas, existirá mientras el nivel de renta no alcance los estándares medios nacional y europeo. El envejecimiento de la población es un problema homogéneo en toda España, al igual que la baja productividad del sector público respecto al privado. Por tanto, nuestra dependencia de la solidaridad disminuirá a medida que nuestro nivel de bienestar crezca. Muchas veces se ha dicho en la región que hemos mejorado mucho en estos años, cosa que es cierta, pero la meta debe ser crecer más que los demás para mejorar en términos relativos y no sólo en términos absolutos. Deberíamos crecer a unos ritmos mucho más abultado y de forma continuada.

--¿Es viable o aventurable una nueva centralización de algunos servicios cedidos ya a las comunidades autónomas?

--Es un problema complejo y sin solución global. Si se quiere garantizar la homogeneidad de ciertos servicios podría pensarse en un proceso inverso al actual, en el que Estado volviera a asumir dichas competencias. Ahora bien, también se podría plantear, y en mi opinión sería mas factible, que las comunidades autónomas, tuteladas por el Estado, establecieran unos criterios homogéneos de prestación de los servicios para ofrecer todas lo mismo. El Estado no debe hacer de policía, pero sí de intermediador o árbitro en el juego político del sistema regional.

--Y por contra, ¿qué sentido tiene delegar nuevas competencias en los ayuntamientos, como sugiere Fernández Vara?

--Creo que la propuesta obedece al criterio de acercar lo más posible los servicios prestados a los ciudadanos. Es lo que ha ido ocurriendo con la asunción de competencias por parte de las comunidades. Pero no se podría acusar al Estado de intentar aliviar su carga competencial y de gasto, y no se puede acusar a la administración autonómica de esto mismo. El problema no es el traspaso de competencias a un nivel cada vez más inferior y más cercano a la gente, que resulta beneficioso, sino el transferir a las administraciones locales los suficientes recursos para poder prestar los mismos servicios.

--Dentro del proceso de descentralización o federalización que sigue o puede seguir el país ¿se podría crear un sistema regional de Seguridad Social?

--No creo que a corto ni a medio plazo llegue a convertirse en federal en sentido estricto. Sería imposible en las actuales circunstancias socio-económicas de nuestra región pensar en el sostenimiento propio de un sistema de Seguridad Social. Pero lo mismo podría decirse de buena parte del resto de comunidades. Creo que el sistema actual de Seguridad Social puede necesitar cambios, pero desde luego no en línea de regionalizar el mismo.

--¿Cuáles deben ser los pilares del modelo de financiación autonómico?

--En los últimos tiempos se requiere la revisión de los criterios generales del actual sistema autonómico (principios de generalidad, estabilidad, suficiencia, autonomía y coordinación), añadiendo ahora el principio de homogeneidad. Es decir, aplicar el mismo criterio de reparto para todos y no, como algunas comunidades pretenden, usar el criterio que mejor le venga a su intereses por población, producción, superficie, etc. Hay que matizar esto, porque si se aplicase homogéneamente el criterio de solidaridad contemplado en el pacto de financiación de Cataluña, las tres únicas comunidades que aumentarían sus recursos serían Baleares, Cataluña y Madrid, que son ya las más ricas. Lógicamente, este resultado no parece coherente y, por tanto, debe tenerse en cuenta también la equidad del modelo de financiación.