La Junta de Extremadura abrió 50 investigaciones por denuncias sobre el registro horario de los trabajadores en 2019, que todavía no se ha resuelto, y hará 500 actuaciones en este sentido en 2020.
Así lo ha anunciado la directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, antes de la reunión en Mérida de la Comisión Operativa Territorial de la Inspección de Trabajo, que ha presidido la consejera del ramo, Esther Gutiérrez.
La comisión aborda cuatro bloques: prevención de riesgos laborales y relaciones laborales, que son competencia autonómica; y Seguridad Social y economía irregular, que le corresponde al Estado, que también está representado en la comisión.
Sobre el registro horario, Pacheco ha aclarado que es una legislación novedosa que se puso en marcha el año pasado y que es pronto para analizar puesto que su aplicación se dejó en el ámbito de la negociación colectiva. En este sentido, ha recordado que en el campo está pendiente de concretarse cómo se llevará a cabo.
Ha advertido, respecto a las 50 actuaciones abiertas, que los inspectores tiene nueve meses para resolver los expedientes y que, si son complicados, se puede aumentar el plazo.
En esta comisión se ha hecho balance de la actividad desarrollada durante 2019 por la Inspección de Trabajo en Extremadura, aunque los datos son aún provisionales.
Las actuaciones de este cuerpo han crecido casi un 6 % hasta las 32.911.
Como resultado del aumento de la actividad inspectora, se ha producido un incremento de las sanciones en prevención de riesgos labores y relaciones laborales.
La Dirección General de Trabajo ha propuesto para 2020 que aumenten las campañas de control en el sector agrario, tanto para riesgos asociados a la actividad, como al uso de máquinas y equipos de trabajo.
También se van a llevar a cabo acciones para la prevención de riesgos laborales con enfoque de género con el fin de controlar las condiciones de seguridad laboral en mujeres embarazadas o en durante el periodo de lactancia cuando tengan contacto con productos tóxicos.
Además, se incrementarán las campañas de prevención de riesgos específicos, como los trastornos musculo-esqueléticos, psicosociales y los que tienen que ver con la seguridad vial.
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo va a aumentar el número de investigaciones de enfermedades profesionales.
Otro línea de trabajo tiene por objeto intensificar la vigilancia para que el empresariado cumpla con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y atajar la brecha salarial entre géneros.
Entre las medidas concretas, Pacheco ha destacado el control para que las empresas dispongan de planes de igualdad, que a partir de este año obliga a las que tienen más de 150 trabajadores.
Hasta ahora solo se exigía a las que contaban con más de 250. Once empresas de la región disponen de esta herramienta.
