La Junta de Extremadura expuso ayer en el Consejo de Política de Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid su postura sobre la propuesta lanzada por el Gobierno para financiar el creciente gasto sanitario. En declaraciones al EL PERIODICO EXTREMADURA al término de la reunión, el consejero de Hacienda y Presupuesto del Gobierno regional, José Martín, avanzó anoche que la Junta está dispuesta a apoyar la subida de algunos impuestos --los del alcohol y el tabaco-- como una de las medidas para paliar el déficit sanitario.
En este asunto, la Junta ha pasado desde el rechazo inicial rotundo a una subida de impuestos a un sí con condiciones expresado hace unos días por el presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. José Martín recalcó ayer que el Gobierno ha "cumplido las condiciones" marcadas por la Junta para que ésta aceptara la propuesta. "El Gobierno ha entendido el mensaje de las autonomías", subrayó Martín al término del consejo.
Entre estas condiciones figuraban que el Gobierno mantuviese indefinidamente la aportación de 500 millones de euros --inicialmente previstos para los dos primeros años-- y que no se obligase a las comunidades a aplicar el céntimo sanitario , impuesto que ahora cobran algunas regiones en la venta final de productos como hidrocarburos.
El ministro de Economía, Pedro Solbes, consideró ayer posible un acuerdo sobre las medidas de financiación sanitaria en la Conferencia de Presidentes del próximo sábado, y anunció que el Gobierno creará un fondo para asegurar que en los dos próximos años los recursos crezcan al ritmo del PIB.
En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Solbes explicó que el fondo de garantía mantendrá la cláusula actual, que ayuda en la financiación a las comunidades cuyo crecimiento es inferior al del PIB nacional, y apuntó que el Gobierno mantiene su propuesta de dedicar dos partidas presupuestarias anuales de 500 millones.
Ante la propuesta presentada por los consejeros del PP, que incluye una partida anual indefinida de 1.800 millones, consideró que "es muy fácil pedir que te den dinero sin decir qué contraprestaciones vas a dar o cuáles van a ser las reducciones de gastos".
La propuesta inicial del Gobierno consistía básicamente consiste en una inyección directa de 1.000 millones de euros en dos años, el aumento de la liquidez de las comunidades mediante el adelanto de 800 millones de algunos pagos, subidas en los impuestos sobre el alcohol y el tabaco y la posibilidad de que las CCAA incrementen los tributos sobre electricidad y gasolinas.
