Ocho años después, habrá elecciones en las cámaras de comercio extremeñas. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, un nuevo texto que regirá el funcionamiento de estos órganos provinciales y marcará las pautas del proceso electoral que el Ejecutivo prevé celebrar en julio del 2018 para renovar los plenarios en Cáceres y Badajoz.
La norma se remitirá ahora a la Asamblea para su tramitación parlamentaria con la previsión de que pueda estar aprobada el próximo enero, según detalló ayer el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro. «Entendemos que se trata de una ley muy necesaria y debe concitar un altísimo grado de consenso, por ello estamos absolutamente abiertos al debate y hemos remitido con anterioridad el borrador a los grupos parlamentarios», dijo en rueda de prensa.
Con la tramitación de esta nueva ley, la Junta activa el proceso para convocar elecciones a los plenarios de las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, que no se renuevan desde mayo y junio del año 2010. Los comicios podrían celebrarse en julio del 2018 y en ellos los empresarios extremeños decidirán qué organizaciones quieren que gobiernen las cámaras de comercio.
El proceso se antoja necesario no solo porque han transcurrido más de siete años desde las últimas elecciones, sino también por las tensiones vividas en la cámara pacense. En ella, Coeba se ha alzado con la victoria en todos los comicios celebrados desde 1982 y la retirada de Antonio Masa por enfermedad terminó por generar una crisis para la elección del nuevo presidente que incluso necesitó de la intervención de la Junta. Finalmente, el cargo lo ocupa desde mayo Francisco del Pozo. En Cáceres sin embargo, una candidatura de consenso aglutina a todas las asociaciones y federaciones empresariales de la provincia y la presidencia la ostenta José Jaronés desde 2010.
Según informó Navarro, la nueva ley limita los mandatos a un máximo de dos y los plenarios estarán compuestos por 30 vocalías. De estas, 20 serán elegidas por sufragio universal entre todos los empresarios con derecho a voto y representarán a todas las empresas extremeñas; seis se reservarán a empresas o personas «de reconocido prestigio» en el sector a propuesta de las propias organizaciones empresariales y otras cuatro representarán a las empresas que más aportaciones económicas voluntarias hagan.
DESDE 2001 / El consejero explicó que la modificación de la normativa regional, que data del año 2001, es necesaria tras la aprobación de la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que en 2014 estableció un nuevo marco regulatorio en esta materia a instancias del Gobierno central.
Así, al margen de la cuestión electoral, el texto que se va a remitir al Parlamento recoge la vuelta al «principio de adscripción obligatoria» de todas las empresas a la cámara de comercio de su provincia, aunque en este caso sin obligaciones económicas: las aportaciones se harán de forma voluntaria para reforzar el carácter representantivo de los intereses generales «y no de un determinado sector», dijo Navarro.
La nueva ley mantiene además una cámara por cada provincia y su naturaleza como corporaciones de derecho público (siguen sometidas a la tutela de la Junta, a quien le corresponderá todo lo relacionado con la fiscalización de las cuentas y los presupuestos, así como los recursos que se pudieran presentar y la creación, desaparición o liquidación de cámaras, como ocurría hasta ahora), aunque se reforzará su papel como entidades prestadoras de servicios privados a las empresas, sobre todo a las más pequeñas y con especial atención al fomento del emprendimiento, la formación, la mejora de la competitividad y las ventas en el exterior
Otra novedad es que se les exigirá más transparencia, de forma que tendrán que publicar sus presupuestos, relación de puestos de trabajo, auditorías obligatorias y cuentas anuales o las retribuciones que reciban sus altos cargos si los hubiera.
