El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, aseguró ayer que se ha avanzado en la reducción del número de desahucios de quienes no pueden pagar sus viviendas, el 42,9% en el segundo trimestre, y que ahora se actuará en el proceso anterior a ellos para proteger más a los afectados.
Así lo dijo ayer Vergeles en Mérida, en una rueda de prensa tras rubricar un convenio de colaboración con la decana del Colegio de los Registradores de la Propiedad de la Comunidad Autónoma, Ana Isabel Baltar, para la protección de las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y otros procedimientos de desahucio.
Mediante este acuerdo, el colegio facilitará datos, con la garantía de confidencialidad, al Servicio de Intermediación Bancaria de Extremadura, que atiende a las reestructuraciones de deudas hipotecarias, acerca del número de casos existentes en cada localidad para facilitar su solución.
El consejero precisó que desde el principio el Gobierno regional trabaja en el objetivo de «desahucios cero». En este sentido, arguyó que se creó una mesa con las entidades financieras, que se han llegado a acuerdos con las organizaciones sociales que trabajan en esta cuestión y se han aprobado medidas de ayuda social como la Renta Básica de Inserción. Explicó que en el segundo trimestre de 2015 Extremadura era la región donde más crecía el número de desahucios, el 33%, un porcentaje muy superior a la media nacional.
Por esto la Junta, a través de su Instituto de Consumo, y en colaboración con las diputaciones y los colegios profesionales de abogados, puso en 2016 al servicio de las familias en riesgo de ejecución inmobiliaria como consecuencia del impago de su cuota hipotecaria o de la renta de su alquiler, una red de 24 puntos de atención presencial distribuidas por todo el territorio regional.
