La Junta de Extremadura considera que el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirma que el Gobierno regional "dice la verdad con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2018".

El Ejecutivo de Fernández Vara entiende que la AIReF sitúa a Extremadura "en la senda del cumplimiento", aunque reconoce que en el informe se subraya la necesidad de aplicar medidas adicionales.

Estas medidas, según se añade desde la Junta, se encuentran en estudio y se centrarán "en la eficiencia del gasto, pero no en la vía de los recortes de los derechos fundamentales de los extremeños".

Del mismo modo, la AIReF estima que en el cuarto trimestre de 2016, el déficit de Extremadura se situará en el 1,2% del PIB.

No obstante, a pesar de haber considerado "muy improbable" que se alcancen las previsiones de déficit del 0,7 % del PIB para este ejercicio, Extremadura disminuiría en más de un punto el déficit de 2016 con respecto a 2015.

Asimismo, este organismo de control fiscal, y así lo entiende la Junta, "no aprecia riesgo de incumplimiento de la deuda, ni de la regla de gasto para la comunidad autónoma extremeña en el presente ejercicio".

A juicio de la Junta, la AIReF subraya los acuerdos de no disponibilidad adoptados por la Junta de Extremadura frente a otras comunidades autónomas y reitera la necesidad de flexibilidad para los objetivos de estabilidad.

Con todo ello, la AIReF constata, según el Ejecutivo autonómico, que la situación nacional y las perspectivas de las finanzas públicas "han sufrido un progresivo deterioro desde la última evaluación realizada en el mes de abril", por lo que urge a las distintas administraciones públicas a que apliquen con "rigor" y con "visión de medio plazo" las distintas disposiciones de disciplina presupuestaria.

Por otra parte, Extremadura recibirá este mes de julio la liquidación definitiva de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente al ejercicio de 2014.

En este concepto, Extremadura recibirá 15,8 millones de euros más de la previsión inicial, de un total de 188 millones de euros.

Debido a la poca capacidad recaudatoria de las comunidades, "con un sistema de financiación complejo por la existencia de fondos y el cálculo de aportación de cada territorio", la Junta insiste en la necesidad de "una reforma integral que permita que las liquidaciones se produzcan en el mismo año y no en dos como se hace en la actualidad".

"Las entregas a cuenta, normalmente, no coinciden con las previsiones, por lo que se trata de un sistema complicado y poco transparente que debe ser corregido", han añadido desde el Gobierno autonómico.