El Gobierno regional no puede hacer nada para que se revoque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable contra el proyecto de Refinería Balboa, formulada por la Secretaría de Estado de Medioambiente, ya que no tiene potestad jurídica para solicitar su revocación. Así lo aseguró ayer el director de Medio Ambiente, Enrique Julián Fuentes, en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Parlamento, tras una pregunta del PSOE.

Enrique Julián explicó que la potestad para pedir la revocación la tiene el promotor del proyecto, algo que ejerció el pasado 18 de septiembre, aunque ahora ha vuelto a presentar un nuevo recurso de reposición para que se revoque la DIA desfavorable, ya que la primera solicitud no fue admitida. El director general señaló que el proyecto de la refinería para el Gobierno de José Antonio Monago "no ha sido un tema menor" y recordó todas las gestiones que se hicieron al inicio de su mandato para agilizar la toma de decisiones en torno a esta iniciativa industrial. También insistió que, una vez se recibió la propuesta de declaración ambiental desfavorable, la Junta presentó sus alegaciones en varios aspectos como el vertido cero, la eficiencia energética, la afección a la Vía de la Plata o la ubicación de la petroquímica. Posteriormente se constituyó un grupo de trabajo, hubo tres reuniones en Madrid y aunque el Ministerio de Agricultura atendió alguna alegación, al final dictó la resolución negativa y "ahí quedó nuestro trabajo".

El director general precisó también que el promotor del proyecto industrial, el Grupo Gallardo, solicitó que se paralizase el expediente, por lo que éste se encuentra en la fase de trámite de audiencia y está paralizado por un plazo máximo de 3 meses. "No podemos hacer más de momento", dijo Enrique Julián, tras insistir en que el Gobierno extremeño no tiene potestad jurídica para pedir la revocación de la DIA negativa. El diputado socialista Antonio Rodríguez Osuna indicó que, independientemente de que la Junta pueda o no solicitar formalmente la revocación, debe de hacer "todos los esfuerzos" y utilizar "los medios que estime oportunos" para que la refinería logre una declaración positiva. Rodríguez Osuna argumentó que la situación "crítica" que padece Extremadura, con más de 180.000 parados, obliga a su gobierno a defender un proyecto de estas características, que no sólo generaría empleo sino que actuaría como empresa "tractora".