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acuerdo suscrito con la patronal extremeña y los sindicatos ugt y ccoo

Junta y agentes sociales pactan las bases para blindar la sanidad pública

El objetivo es definir qué porcentaje del PIB regional debe dedicarse al sistema sanitario. El documento sirve de base para negociar con las formaciones la futura ley sanitaria

 

Firma del pacto por el sistema sanitario público con los agentes sociales y económicos, ayer en Presidencia. - JUNTA DE EXTREMADURA

Garantizar la sostenibilidad económica del sistema público sanitario, la supresión de los copagos y el fomento de la estabilidad en el empleo son algunos de los principios básicos del pacto por la «Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público». El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, junto con la patronal y los sindicatos UGT y CCOO, suscribieron ayer este documento que servirá como base para negociar la elaboración de la futura Ley de Sanidad de la región con las formaciones políticas, al tiempo que blindará la financiación del sistema sanitario público destinando un porcentaje anual del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, afirmó en rueda de prensa que el pacto permite definir «qué sistema sanitario público queremos para Extremadura para saber qué tiene que defender la Junta y su presidente sobre cuánta financiación necesitamos para sostener ese sistema sanitario». En esta línea, destacó que el documento supone un «compromiso» de los firmantes para «garantizar y velar» por la sostenibilidad del sistema sanitario público, ya que es «la mejor forma de blindar» la sanidad pública en la región. En concreto, con este acuerdo se tratará de determinar el porcentaje del PIB que se debe destinar al sistema sanitario extremeño, sin embargo, el consejero sostiene que antes de dar una cifra «habrá que conocer las reglas del juego» de la financiación autonómica. «Si la financiación autonómica dice que la financiación sanitaria es finalista, no habrá un problema en fijar un porcentaje del PIB», subrayó.

En este sentido, Vergeles destacó que a pesar de que no se ha definido aún el porcentaje del PIB que se destinará a la sanidad pública, todas las estimaciones realizadas al respecto indican que este porcentaje no puede ser inferior al 7% del PIB nacional «para garantizar el sostenimiento y calidad de los servicios», no obstante, esta situación se da en la actualidad porque se sitúa en el 5,9% del PIB. Respecto al presupuesto sanitario, el consejero recuerda que actualmente el déficit anual de la sanidad extremeña está en 140 millones de euros.

CONCERTACIÓN SOCIAL // Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, afirmó que el pacto busca ser el «eje vertebrador» de la futura Ley en Defensa de la Sanidad Pública de Extremadura. De esta forma, apuesta por «el derecho a la sanidad universal y gratuita para evitar futuros copagos o privatizaciones», además de promover la investigación y el conocimiento en este ámbito. A su juicio, se trata de «blindar la sanidad pública ante cualquier vaivén económico o político».

Para el secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, el documento adquiere un «valor fundamental» en su tránsito hacia la futura Ley de Sanidad. «Cuando funciona la concertación social, los servicios y las políticas públicas se mejoran», puntualizó Carretero, quien destacó que si la futura norma está basada en este acuerdo, contará con la legitimidad de los agentes sociales. En esta línea, el máximo representante de la patronal extremeña, Francisco Javier Peinado, subrayó la importancia del documento suscrito con la Junta, al tiempo que aclaró que este pacto «no va en contra de la sanidad privada», a la que definió como «un puntal que sirve para apoyar y apalancar el mantenimiento del sistema sanitario público».

puntos del pacto // El consejero extremeño detalló que entre los elementos innovadores del acuerdo destaca la garantía de que no existan injerencias políticas o jurídicas que menoscaben la calidad o la eficiencia del sistema sanitario público. Asimismo, se garantiza el acceso de los ciudadanos al sistema, y se abre la vía a la compensación, cuando sea necesario, en casos concretos de copago. En concreto, Vergeles explicó que se marcará una hoja de ruta para poder «compensar» los efectos de los copagos y se estudiará si se hará a través de subvenciones, bonus en farmacias o cualquier otra herramienta.

La sostenibilidad global, económica y social del sistema sanitario es otro de los aspectos resaltados por el consejero. Asimismo, se apuesta por una financiación suficiente, por el empleo sanitario y por un sistema público más preventivista que asistencialista, junto a un elevado nivel de especialización. En cuanto a la estabilidad en el empleo, el pacto tratará de llevar las eventualidades y las interinidades a las «mínimas posibles», además, se insistirá en la calendarización de los procesos selectivos y de los concursos de traslado, dentro de las competencias del gobierno extremeño. El acuerdo suscrito con los agentes sociales y económicos se cierra con un compromiso por los profesionales y la profesionalización de la gestión sanitaria.