El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social, que establece el silencio administrativo positivo en la concesión de la renta básica y la no exclusión de los procesos de adjudicación de las viviendas sociales de quienes las hayan ocupado ilegalmente por "extrema necesidad".

En rueda de prensa al término de la reunión, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha explicado el detalle de esta normativa, que abarca tres áreas principales, la sanidad, la renta básica de inserción y la vivienda.

Respecto a esta última, esta normativa modifica los criterios de adjudicación de viviendas de promoción pública e implanta como sistema general de adjudicación el concurso de valoración frente al sorteo.

Además, prorroga por dos años la minoración del cien por cien del alquiler social en aquellas familias que no pueden hacer frente al mismo, y regula las ayudas al alquiler para aquellas afectadas por ejecuciones hipotecarias que no pueden acceder a una vivienda social, pese a cumplir los criterios, por no disponibilidad por parte de la Junta.

Se establece también una nueva regulación de los supuestos de ocupación ilegal de vivienda de promoción pública, con el fin "no de despenalizar" estas actuaciones, sino de posibilitar una actuación anticipada de la administración, según ha explicado Vergeles.

En concreto, aquellas familias que hayan solicitado una vivienda social, que no hayan recibido respuesta de la Junta "en tiempo y forma", y se hayan visto abocadas a realizar una ocupación ilegal por "situación de extrema necesidad", no serán excluidas de los procesos de adjudicación posteriores, tal y como ocurría hasta ahora, ha precisado.

"Con ello les digo que no le excluyo del proceso de adjudicación si usted demuestra que tiene una solicitud de una vivienda social antes de pegar la patada en la puerta", ha manifestado el consejero al ser preguntado por la posibilidad de que esta regulación incentive un aumento de las ocupaciones ilegales.

Por otra parte, el decreto-ley modifica la ley de 2014 de la Renta Básica Extremeña de Inserción al establecer una convocatoria única y abierta "durante todo el año", así como que el silencio de la Administración será positivo en la concesión de esta prestación económica.

Además, la renta básica se podrá cobrar a partir del día siguiente en el que se emite la resolución favorable de concesión y, en el caso se parejas separadas, se permitirá la subrogación a favor del cónyuge que se quede con la custodia de los hijos si se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Asimismo, se regula la línea de ayudas a las contingencias y el acceso a los mínimos vitales con un cambio "sustancial", dado que las subvenciones ya no se entregarán a los ayuntamientos para su concesión a los ciudadanos, sino que la Administración firmará convenios de colaboración con las empresas distribuidoras de luz y agua.

Con ello, ha señalado el consejero, se busca mejorar la comunicación previa de los cortes de suministro eléctrico o agua por impago, "y evitarlos", así como un mayor aprovechamiento del bono social por parte de las familias extremeñas.

En materia sanitaria, el decreto-ley regula la universalización de la atención sanitaria garantizando la igualdad efectiva en las condiciones de acceso a los servicios y actuaciones sanitarias de los extranjeros en la comunidad autónoma.

A partir de ahora esta normativa iniciará su trámite parlamentario, para la que se establece un plazo de convalidación de dos meses desde su registro en la Asamblea, aunque el consejero ha aclarado que si algún grupo solicita su conversión de decreto-ley a proyecto de ley los períodos se alargarían.

No obstante, ha señalado que si con ello se consigue mejorar esta regulación, "no nos vamos a negar".