Extremadura se va a ver perjudicada por el cambio normativo en el IVA, introducido por el exministro Cristóbal Montoro en 2017, por el que va a dejar de recibir alrededor de 60 millones de recaudación de este tributo en las entregas a cuenta de 2017. Hay que recordar que ese cambio normativo aprobado por Montoro en 2017 obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y, a cambio, permitió que el impuesto se pagara el 30 de cada mes en lugar del 20. Esto fue lo que provocó que la recaudación del IVA que se ingresa en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, y ello afecta a los recursos que recibirán las comunidades autónomas en 2019, cuando se liquida el ejercicio pasado. Por esto, la Junta reclama que el Ministerio de Hacienda sea sensible y aborde una forma de compensar la caída de la recaudación. Así lo puso ayer de manifiesto el Ejecutivo extremeño al analizar su postura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer por vía telemática. En él, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, defendió de nuevo lo mismo que hizo hace un mes, y es que el objetivo de déficit autonómico para el periodo 2019-2021 no sea más restrictivo que el acordado entre el Gobierno central y la Unión Europea; es decir, una ampliación del 0,1% al 0,3% para el próximo año; tal y como volvió a aprobar ayer este órgano y avaló la Junta.
A juicio de Blanco-Morales, la nueva senda de consolidación fiscal no pone en riesgo la sostenibilidad financiera y se adecúa mejor a la realidad y a las necesidades de las comunidades autónomas. Por ello, ayer Extremadura volvió a votar a favor de la flexibilización del objetivo de déficit, en un CPFF celebrado vía telemática, que acordó, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ampliar el objetivo de déficit autonómico del 0,1% al 0,3% en 2019 y del 0 al 0,1% en 2020, para alcanzar la estabilidad en 2021. Junto a la región, votaron a favor Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria.
El Ejecutivo extremeño insistió en que realiza un «importante esfuerzo» para cuadrar las cuentas sin hacer recortes y con la recuperación de derechos por parte de los extremeños. Por esto, pide responsabilidad a todos los partidos políticos y apoyen esta medida ya que la posibilidad de contar con dos décimas más de déficit es muy importante para una comunidad autónoma como Extremadura, dado que supone alrededor de 40 millones de euros más para poder gastar.
Además, esta actuación implica que el objetivo de estabilidad pactado por el Gobierno central con la UE se traslada a las administraciones regionales, que, en definitiva, son las que gestionan los servicios públicos fundamentales que sostienen el Estado de Bienestar, como la sanidad, la educación y la dependencia.
Garantizar la sostenibilidad financiera de las comunidades sutónomas, insistió el Gobierno regional, significa que todos los ciudadanos perciban los beneficios de la recuperación económica, a través de políticas públicas que reviertan los recortes e impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo.
Y todo eso, subrayó la Junta, teniendo en cuenta que la nueva senda de consolidación fiscal es aún más relevante para la región tras la comunicación del Ministerio de Hacienda de que Extremadura va a recibir 30 millones menos de lo previsto en la liquidación de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica del año 2016.
RESPALDO AL GOBIERNO // Lo cierto es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer, por segunda vez tras hacerlo el pasado mes, los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías para el próximo trienio, con la única novedad de la Comunidad Valenciana, que ha pasado de la abstención al voto favorable.
La votación de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para aliviar el déficit autonómico (2019-2021), que fue rechazada por el Congreso el 27 de julio, volvió a contar ayer con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias, mientras que votaron a favor las siete socialistas y Cantabria. De nuevo Cataluña rehusó participar y abogó por mantener encuentro bilaterales. Ahora, esos objetivos de estabilidad y deuda pública aprobados ayer pasarán al Consejo de Ministros donde serán ratificados mañana.
Tras ese visto bueno mañana, pasará al Congreso, y para que no se repita el rechazo de la Cámara de hace un mes, y recabar los apoyos necesarios, el Gobierno ha intensificado las negociaciones con los partidos; y ayer mismo, tras el Consejo de Política Fiscal, se reunió con una delegación de Podemos encabezada por el secretario de Organización, Pablo Echenique; una formación que hace un mes se abstuvo en esa votación.
