El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, aseguró ayer que la futura normativa sobre Vivienda de Protección Oficial (VPO) permitirá a sus propietarios lograr "una plusvalía razonable" en determinadas condiciones. Es decir, que puedan obtener un beneficio en la venta de la vivienda siempre que se ajuste a una serie de condicionantes.

De esta forma, esta regulación --aprobada en el Consejo de Gobierno de Hervás-- posibilitará la venta de estos pisos unas vez que se hayan utilizado durante diez años o si sus dueños tienen un segundo hijo. El Ejecutivo regional renuncia a utilizar de forma generalizada el derecho de retracto y tanteo sobre estas viviendas, una posibilidad que se reservará para ocasiones excepcionales, según avanzó el presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, Javier Corominas.

Según explicó Sánchez Amor, se trata de facilitar a estas personas, que en su día accedieron a las VPO por motivos de renta, tanto la movilidad geográfica como una mejora en su nivel de vida, aunque aún habrá que concretar todas las condiciones a través de una norma.

UTILIDAD SOCIAL Para Javier Corominas, esta medida servirá para reforzar "el mecanismo de que en un mismo barrio puedan convivir diferentes clases sociales". Asimismo, indicó que, al igual que ocurre en el mercado libre, si a partir de los 10 años se vende una VPO a un precio mayor del que costó, debe entrar "en la normalidad e indica que el barrio está funcionando".

Sánchez Amor insistió en que estas novedades no suponen "una marcha atrás" en la política de la Junta en materia de vivienda pese a que contradicen lo anunciado en su día por la expresidenta de la Agencia de la Vivienda, Leonor Martínez-Pereda. El vicepresidente extremeño recordó que "ésta es la primera decisión política de la Junta más allá de planes, proyectos y borradores que hubiera antes". En esta línea, recalcó que "hubo un anuncio de planes de trabajo, pero la única decisión política es la que se ha adoptado en el Consejo de Gobierno de Hervás".

Por lo que se refiere al derecho de retracto y tanteo de la Junta hacia las VPO, Corominas dejó claro que será "prácticamente inexistente". De hecho, sólo se utilizará cuando se venda una VPO antes de 10 años. Además, el máximo responsable de la agencia recordó que "el derecho de retracto y tanteo queda en las leyes y no va hacer falta utilizarlo prácticamente nunca". Corominas añadió que "nunca fue necesario utilizarlo porque nunca se produjo un abuso flagrante que distorsionara el mercado", informa Ep.