Continúa la polémica tras el aviso de embargo a Extremadura. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, reconoció ayer que la Junta no podrá ejecutar el presupuesto de este año, aprobado hace apenas una semana tras un "complicado" proceso de diálogo con la oposición, si el Ministerio de Hacienda retiene los fondos de financiación por incumplir el plazo de pago a proveedores. "Esa es precisamente la gravedad de la medida, que ya no te permite ejecutar el presupuesto conforme a una programación y conforme a unos criterios que son los razonables, los que permiten priorizar actuaciones políticas y atender las necesidades de los ciudadanos", dijo en una etrevista concedida a Canal Extremadura Televisión.
El Ejecutivo regional recibió el viernes una carta del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro en la que se le notificaba el inicio de "medidas coercitivas" por incumplir los plazos legales para el abono de las facturas pendientes. Estas medidas se basan en la aplicación del artículo 20.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece que si el periodo medio de pago a proveedores de una comunidad supera en más de 30 días el máximo legal --en la región es de 87,9 días--, el ministerio podrá retener los importes de los regímenes de financiación para abonar directamente las facturas. Montoro explicará hoy la medida en el Congreso.
El embargo puede alcanzar como máximo al 25% de esos fondos y podría suponer alrededor de 50 millones al mes, según la consejera. Blanco-Morales aseguró que con esta decisión se "corta cualquier posibilidad de arreglar los problemas" de la región ya que impedirá la ejecución de un presupuesto, el de 2016, que viene a "corregir los errores del pasado que el propio ministerio toleró y consintió". "Es cierto que incumplimos el plazo de pago a proveedores, pero también es cierto que ese incumplimiento viene desde 2014", reiteró. La titular de Hacienda insistió en que el problema está en los pagos del Servicio Extremeño de Salud (SES) y aseguró que el Ejecutivo tiene soluciones --se han presupuestado 150 millones más para este fin y el Confirming (servicio financiero de gestión de pagos) se ha ampliado hasta los 240--, pero lamentó que no les dejen ponerlas en práctica. Tras criticar una vez más la actuación "irrespetuosa e irresponsable" del ministerio por remitir la carta solo horas después de aprobarse el presupuesto, Blanco-Morales confió en que el Gobierno en funciones "sea razonable" porque ni él mismo ha cumplido ni ha exigido a otras autonomías de mayor peso lo que a Extremadura.
VOLUNTAD DE CUMPLIR Sus palabras fueron ratificadas por el presidente, Guillermo Fernández Vara, en que en otra entrevista en La Sexta señaló que la región está haciendo esfuerzos porque tiene la voluntad de cumplir y que aunque Montoro "lo sabe", se lo volverá a transmitir en la reunión pendiente.
Además de Extremadura, también Aragón ha recibido el aviso de retención de fondos y su presidente, Javier Lambán, ha empezado a movilizarse para organizar "una respuesta contundente" de las autonomías goberndas por el PSOE ante "el nuevo hachazo" de Montoro. Para Lambán, el ministro ha elegido "un chivo expiatorio en un par de comunidades" y piensa que lo ha hecho "por razones estrictamente políticas e ideológicas", informa Efe. Su intención es convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Conferencia de Presidentes, utilizando así todos los "resortes legales" al alcance de las autonomías.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, insistó en que el Gobierno de España no tiene nada en contra de Extremadura y que si ha tomado esta decisión es porque "le obliga la ley y para que los autónomos y las empresas cobren". Herrea señaló que las comunicaciones del ministerio, que se pueden consultar en su web, se han remitido a más regiones y que en el caso extremeño no es la primera, pues a la del pasado viernes preceden los avisos del 11 de septiembre, el 5 y el 26 de marzo.
Después de la respuesta de los grupos el martes, las reacciones por el aviso de embargo continuaron ayer. El sindicato CCOO adviritó que la retención de fondos afectarán "sin duda" a la liquidez de la Junta y tendrá repercusión en el mantenimiento de los servicios básicos e incluso el pago de salarios. Por su parte, IU alertó que el anuncio del ministerio "abre la puerta a la intervención económica de la Junta".
