Que un trabajador esté en excedencia o tenga una jornada reducida puede generar dificultades a los empresarios para cubrir los servicios, pero desde la Junta de Extremadura se les ofrece la oportunidad de suplir esas bajas con una subvención para contratar temporalmente a otras personas. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto mediante el que se establecen incentivos a las empresas que sustituyan a trabajadores en excedencia por cuidado de hijos o de familiares dependientes o que hayan solicitado la jornada reducida. En los supuestos de contrataciones para sustituir a personas trabajadoras en excedencia, la cuantía de la subvención será de 1.500 euros, mientras que en los de reducción de jornada (que no podrá ser inferior al 50% de la jornada habitual de la empresa, sector o actividad de que se trate) el importe de la subvención será de 900 euros. Estas cantidades "se incrementarán en 1.000 euros cuando la persona que reduzca su jornada o disfrute de la excedencia sea un hombre y 500 si se trata de una mujer", según informó ayer el Ejecutivo regional al término de la reunión del Consejo.

Con esta medida el Gobierno extremeño pretende minimizar el impacto que dichas situaciones transitorias puedan producir en la actividad cotidiana de las empresas y favorecer el ejercicio de los derechos de conciliación de las responsabilidades laborales, familiares y personales.

Pero, ¿quiénes podrán solicitar estas ayudas? Según la Junta, pueden beneficiarse de las subvenciones establecidas las pequeñas y medianas empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos, celebren contratos de sustitución en los términos regulados en el decreto, siempre que las personas contratadas lo sean en centros de trabajo ubicados en la comunidad autónoma extremeña.

REGISTRO DE PREVENCION Al margen de esta medida, en materia de empleo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la puesta en funcionamiento de una aplicación informática mediante la que se incorporarán los datos de Extremadura a la base de datos general de servicios de prevención.

De acuerdo con la legislación actual, los órganos competentes de las comunidades autónomas deben crear registros en los que serán inscritas las entidades especializadas que hayan sido autorizadas como servicios de prevención. Asimismo, dichos órganos serán los responsables de la incorporación de los datos de dicho registro a la base de datos general.

Por su parte, la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se obliga a la creación, desarrollo, gestión y mantenimiento de una aplicación informática en la que se incorporarán los datos que figuren en los registros de las autoridades laborales autonómicas.

La configuración de esta base de datos deberá permitir, según argumenta la Junta, que desde cualquiera de las autoridades laborales pueda realizarse la consulta y darse acceso público a los datos incorporados a los mismos, así como la puesta a disposición de la memoria anual de los servicios de prevención.