La Junta cede y los centros sanitarios sí pagarán el IBI a los ayuntamientos extremeños

Así se recoge en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administratativas de Extremadura, que fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno.

La portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, explicaron ayer los cambios fiscales que incluye este documento, con el que se espera recaudar unos nueve millones de euros.

La modificación más importante es que la Junta renuncia a eximir del IBI a los edificios del SES (Servicio Extremeño de Salud). Tal y como explicó Blanco-Morales, "aunque es perfectamente legal, queremos tener un mayor consenso entre todas las administraciones públicas implicadas, porque así es como hacemos política".

No obstante, no se descarta promover de nuevo esta reforma a lo largo de la presente legislatura. "Ahora lo que queremos es plantear un debate sobre la financiación de las entidades locales, así como de las comunidades autónomas, y hablar sobre la modificación de la Ley de Haciendas Locales", aseguró la consejera.

Asimismo, subrayó el compromiso del Ejecutivo para pagar "la deuda con los ayuntamientos que en concepto de IBI dejó el gobierno del Partido Popular" y que cifró en más de 20 millones de euros.

Desde el PP siempre hubo rechazo a que los ayuntamientos dejaran de ingresar el dinero del IBI sanitario. De hecho, el portavoz popular de Hacienda, Luis Alfonso Hernández Carrón, aseveró ayer que este cambio de postura "era algo pactado", una de las condiciones necesarias para respaldar esta reforma tributaria.

OPOSICION El único consistorio que apoyaba esta medida era el de Mérida, argumentando que es positiva si supone una mejora de la sanidad. Plasencia no la veía del todo ilógica siempre y cuando se negociasen y paguesen los atrasos. Cáceres y Badajoz (donde está el complejo hospitalario más importante) se opusieron firmemente. De hecho, el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, uno de los más críticos, se mostró ayer satisfecho de que la Junta "haya reflexionado y rectificado".

Ahora, este proyecto de ley pasará a la Asamblea de Extremadura para su tramitación parlamentaria. La intención es que entre en vigor el 1 de octubre (salvo medidas concretas, como las que afectan al IRPF y al impuesto de Patrimonio, que se aplicarán a partir del próximo ejercicio presupuestario).

Otro de los puntos fuertes de este documento fiscal es la subida del gravamen para actos jurídicos documentados, con lo que se espera recaudar seis millones. En el caso del gravamen de tipo general, se eleva del 1,2 al 1,5% (se espera una recaudación de 5 millones); en el tipo que recae sobre las escrituras públicas en las que se renuncia a la exención del IVA, se pasa del 2 al 3% (se espera una recaudación de un millón).

En relación al IRPF, se mantienen todas las deducciones en la cuota íntegra autonómica, salvo la referida a la adquisición de segunda vivienda en el medio rural; mientras que en el Impuesto de Patrimonio, se modifica el mínimo exento, que pasa de los 700.000 euros actuales a los 500.000.

Con respecto al Impuesto de Sucesiones, se mantienen todos los beneficios; pero en el de Donaciones se suprimen las bonificaciones del 99%, 95% y 90%.

En el canon de saneamiento, además de las necesidades básicas, ya contempladas, se amplía el mínimo exento en dos metros cúbicos por vivienda, lo que supone un ahorro para las familias de 1,5 millones. No renuncian a la supresión total de este impuesto, como se habían comprometido, sino que lo vinculan a la evolución económica.